Buscan limitar la capacidad del candidato republicano para hacer declaraciones públicas que “representen un peligro significativo, inminente y previsible para los agentes del orden"
Los fiscales federales pidieron el viernes al juez que supervisa el caso de documentos clasificados contra Donald Trump que prohíba al exmandatario hacer declaraciones públicas que “representen un peligro significativo, inminente y previsible para los agentes del orden” que participan en el procesamiento.
La solicitud a la jueza de distrito estadounidense Aileen Cannon sigue a una afirmación falsa de Trump a principios de esta semana de que los agentes del FBI que registraron su propiedad de Mar-a-Lago en agosto de 2022 estaban “autorizados a dispararme” y estaban “cargados, listos para llevarme y poner a mi familia en peligro”.
El presunto candidato presidencial republicano se refería a la revelación en un documento judicial de que el FBI, durante la búsqueda, siguió una política estándar de uso de la fuerza que prohíbe el uso de fuerza letal excepto cuando el oficial que realiza la búsqueda tiene una creencia razonable de que el “sujeto de dicha fuerza representa un peligro inminente de muerte o lesión física grave para el oficial o para otra persona”.
La política es de rutina y está destinada a limitar el uso de la fuerza durante los registros. Los fiscales señalaron que la búsqueda se realizó intencionalmente cuando Trump y su familia estaban fuera y fue coordinada con el Servicio Secreto. No se utilizó ninguna fuerza.
Dichos "exponen a las fuerzas del orden"
Los fiscales del equipo del fiscal especial Jack Smith dijeron en documentos judiciales el viernes por la noche que las declaraciones de Trump que sugieren falsamente que los agentes federales “fueron cómplices de un complot para asesinarlo exponen a las fuerzas del orden, algunas de las cuales, según los fiscales, serán citadas como testigos en su juicio, al riesgo de amenazas, violencia y acoso”.
"La repetida caracterización errónea por parte de Trump de estos hechos en mensajes ampliamente distribuidos como un intento de matarlo a él, a su familia y a los agentes del Servicio Secreto ha puesto en peligro a los agentes del orden involucrados en la investigación y el procesamiento de este caso y ha amenazado la integridad de estos procedimientos", dijeron los fiscales a Cannon, quien fue nominado para el cargo por Trump.
"Una restricción que prohíba futuras declaraciones similares no restringe el discurso legítimo", dijeron.
Los abogados defensores se opusieron a la moción del gobierno, dijeron los fiscales. Un abogado de Trump no respondió de inmediato a un mensaje en busca de comentarios el viernes por la noche.
El fiscal general Merrick Garland criticó a principios de esta semana la afirmación de Trump como “extremadamente peligrosa”. Garland señaló que el documento al que se refería Trump es una política estándar que limita el uso de la fuerza y que incluso se utilizó en el registro consensuado de la casa del presidente Joe Biden como parte de una investigación sobre el manejo de documentos clasificados por parte del demócrata.
Trump enfrenta docenas de cargos por delitos graves que lo acusan de acumular ilegalmente en su propiedad de Mar-a-Lago en Palm Beach, Florida, documentos clasificados que se llevó consigo después de dejar la Casa Blanca en 2021, y luego obstruir los esfuerzos del FBI para obtenerlos. Se declaró inocente y negó haber actuado mal.
Es uno de los cuatro casos penales que enfrenta Trump mientras busca recuperar la Casa Blanca, pero fuera del actual proceso por dinero secreto en Nueva York , no está claro si alguno de los otros tres llegará a juicio antes de las elecciones.
Se le han impuesto restricciones en otros casos
A Trump ya se le han impuesto restricciones a su discurso en dos de los otros casos por comentarios incendiarios que, según los funcionarios, amenazan la integridad de los procesamientos.
En el caso de Nueva York, Trump ha sido multado y amenazado con ir a prisión por violar repetidamente una orden de silencio que le prohíbe hacer declaraciones públicas sobre testigos, jurados y algunas otras personas relacionadas con el asunto.
También está sujeto a una orden de silencio en su caso de interferencia criminal en las elecciones federales en Washington. Esa orden limita lo que puede decir sobre los testigos, los abogados del caso y el personal del tribunal, aunque un tribunal de apelaciones lo liberó para hablar sobre el fiscal especial Jack Smith, quien presentó el caso.
