Viudas, hijos y padres acudieron este día a la Ciudad de México, al antimonumento, para recordar al Gobierno Federal la promesa incumplida.
La Organización Familia Pasta de Conchos, conformada por las familias de los mineros, sostienen que en la mina había máquinas soldadoras que operaban ilegalmente debido a que incumplían los protocolos: no había buena ventilación en el área de trabajo, el equipo no era seguro y los trabajadores no vestían ropa protectora.
Los viejos transformadores no funcionaban, por lo que no había electricidad.
Tampoco funcionaba el sistema de ventilación y los telesillas para el transporte del personal eran inservibles. A los cinco días del siniestro Grupo México declaró muertos a los mineros sin conocer aún su situación y ubicación exacta y, con base en un supuesto informe técnico y científico, señaló que no había “posibilidad alguna de supervivencia tras la explosión de metano”. El 23 de junio de ese año se recuperó el cadáver de Felipe de Jesús Torres Reyna, de 49 años; y el 1 de enero de 2007 fue rescatado el cuerpo de José Manuel Peña Saucedo. Según la Organización Familia Pasta de Conchos, las autopsias realizadas a los cuerpos encontrados revelaron que los trabajadores murieron por asfixia y no calcinados, como aseguraba la empresa.
Un año más tarde, el 5 de abril de 2007, Jueves Santo por la noche, Grupo México suspendió el rescate, dejando desde entonces enterrados a 63 mineros, hasta que en enero del 2012, durante su campaña presidencial, Andrés Manuel López Obrador prometió de manera pública que una vez en el poder reactivaría el rescate suspendido por el gobierno de Felipe Calderón y Grupo México y en 2019 fue instalado un Comité para la Reparación y la Justicia en Pasta de Conchos. En 25 de agosto de 2020, la entonces secretaria del Trabajo, Luisa María Alcalde, propuso a las viudas obtener una suma de dinero a cambio de la cancelación del rescate, que costaría al gobierno 2 mil millones de pesos y comenzó a organizar a las mujeres para que firmaran una petición de acuerdo. Tras una serie de desacuerdos y exclusión de los familiares, Alejandro Salafranca, director de la Unidad de Trabajo Digno en la STPS, le hizo llegar cartas al presidente AMLO.
