La captura de Díaz, quien contaba con una carrera de 20 años en la policía local, sorprendió a muchos en la comunidad, donde es parte de una familia muy conocida y respetada.
Esta semana se llevará a cabo la sentencia de Hazel Díaz, exdetective de la Policía de Eagle Pass, quien ha sido acusada por el Gobierno Federal de conspirar para transportar indocumentados. Díaz ha estado detenida en la Cárcel Federal de Del Rio durante casi tres años, un periodo marcado por una serie de eventos que han impactado tanto a su vida personal como a la comunidad local.
La audiencia de sentencia está programada para el martes 22 de octubre, a las 3:00 p.m., en la Corte Federal de Del Rio, Texas, donde se presentará ante la jueza Alia Moses. Esta etapa del proceso legal es crucial y se espera que atraiga la atención de los medios y de la comunidad, dada la notoriedad del caso.
Residencia. El arresto de Díaz ocurrió en diciembre de 2021 durante un operativo sorpresa llevado a cabo por el FBI en su residencia, ubicada al norte de Eagle Pass. La captura de Díaz, quien contaba con una carrera de 20 años en la policía local, sorprendió a muchos en la comunidad, donde es parte de una familia muy conocida y respetada. Su primo, Ramsey English Cantú, actualmente se desempeña como juez del condado, lo que ha generado un interés adicional en el caso debido a los vínculos familiares en el ámbito legal. La defensa de Hazel Díaz está a cargo de los abogados Natasha y Gregory Torres, quienes han estado trabajando en su representación desde el inicio del proceso. Es importante señalar que Díaz se declaró culpable de los cargos en su contra, lo que ha llevado a la especulación sobre las posibles consecuencias de su sentencia. Este hecho también sugiere que podría haber cooperado con las autoridades en el marco de la investigación. La investigación federal que culminó con el arresto de Díaz se prolongó durante varios meses e incluyó múltiples cateos en diferentes domicilios de Eagle Pass. Este operativo reveló la complejidad del caso y la magnitud de las actividades ilegales que se estaban llevando a cabo en la región. Desde su detención, Díaz ha permanecido bajo custodia federal, aguardando su sentencia, lo que ha sido un periodo de incertidumbre tanto para ella como para su familia. El caso ha generado un intenso debate en la comunidad sobre la integridad de los cuerpos de seguridad y el papel de los funcionarios públicos en la lucha contra la inmigración ilegal. La situación ha llevado a muchos a cuestionar la confianza en las instituciones encargadas de mantener la seguridad en la zona, lo que podría tener repercusiones a largo plazo en la percepción pública de la policía local.
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