REFORMA AL PODER JUDICIAL
La reforma al Poder Judicial que promueve el presidente Andrés Manuel López Obrador ha generado un fuerte "encontronazo" entre trabajadores del Poder Judicial y el Gobierno. En un contexto de tensión creciente, miles de jueces, magistrados y empleados judiciales salieron a las calles para expresar su rechazo a la propuesta. Esta situación no solo ha movilizado a los trabajadores judiciales, sino que también ha despertado reacciones adversas desde la oposición y sectores internacionales, como Estados Unidos y Canadá. La reforma judicial, que forma parte de un paquete de 20 medidas de modificación constitucional, busca, entre otros puntos, que los jueces y magistrados sean electos por voto popular. Esta medida ha sido duramente criticada por varios actores del ámbito judicial, como Guillermo Campos Osorio, juez en la Ciudad de México, quien argumenta que "ser juez no tiene nada que ver con ser popular", subrayando que la experiencia y preparación en la carrera judicial son fundamentales. Además, la reforma propone la renovación de más de 1,600 cargos en 2025 y establece que ningún juez o magistrado gane más que el presidente, una disposición que, según los trabajadores del Poder Judicial, amenaza su estabilidad económica y laboral. Las protestas, que han paralizado más de 55,000 empleados en todo el país, reflejan un malestar profundo. Los manifestantes, que consideran la reforma una "amenaza extrema", han sido contundentes en su mensaje: "No son privilegios, son nuestros derechos". Ante esto, el gobierno ha respondido con advertencias de despidos y recortes salariales, lo que ha avivado aún más la discordia. A pesar de las mesas de trabajo organizadas por el Ejecutivo y Legislativo, los trabajadores del Poder Judicial denuncian que estas no han influido en el proyecto final, considerándolas una "pantomima". Más allá de las fronteras nacionales, la reforma encendió alarmas en la comunidad internacional. El embajador de Estados Unidos, Ken Salazar, manifestó su preocupación por el impacto que esta medida puede tener en la relación bilateral, mientras que calificadoras como Morgan Stanley han degradado la recomendación de inversión en México debido a la incertidumbre generada. Según un análisis del Banco de América, los próximos 90 días serán cruciales para el futuro económico del país, advirtiendo que la reforma judicial podría aumentar la volatilidad de los mercados. El modelo judicial propuesto por López Obrador ha sido comparado con los sistemas de países como Cuba, Venezuela y Nicaragua, donde el poder judicial está subordinado al poder político. En estos regímenes, la independencia judicial se ha visto gravemente comprometida, con consecuencias desastrosas para la democracia y los derechos humanos. En Nicaragua, por ejemplo, la Corte Suprema se ha convertido en un brazo del partido gobernante, mientras que en Venezuela, el Tribunal Supremo nunca ha fallado en contra del régimen en 25 años. Estas comparaciones han sido utilizadas por críticos para advertir que la reforma mexicana podría llevar al país hacia un modelo autoritario. En el Congreso, el coordinador de Morena, Ignacio Mier Velazco, defendió la reforma argumentando que el Poder Judicial es el único que no permite que sus miembros sean electos por el pueblo, lo que, en su opinión, constituye un "fraude a la nación". Mier Velazco insiste en que es necesario que los jueces sean elegidos mediante el voto popular, conforme al artículo 39 de la Constitución. Sin embargo, esta postura fue rechazada por la oposición, que acusa a Morena de querer debilitar la democracia y el federalismo. Legisladores del PRI y el PRD han calificado la reforma de "autoritaria" y "contradictoria a la tradición jurídica", advirtiendo que podría traer consigo un regreso a prácticas represivas, como la tortura y la fabricación de delitos. Los trabajadores del Poder Judicial, que han paralizado actividades en múltiples estados del país, aseguran, por su parte, que su lucha es apartidista y surge de la sociedad civil. En definitiva, la reforma al Poder Judicial de López Obrador ha desatado un enfrentamiento que tiene profundas implicaciones para el futuro de la justicia en México. Las acusaciones de autoritarismo, el temor a la injerencia política en el sistema judicial y el riesgo de un retroceso en derechos humanos y democracia son preocupaciones legítimas que no deben ser desestimadas. Así, mientras se acerca la fecha de discusión y posible aprobación de la reforma, el país se encuentra en un momento decisivo que podría definir el rumbo de su sistema de justicia y su democracia
Ojalá que esta ocasión MORENA no se equivoque. ¿O usted qué opina?
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