UNA DÉCADA
Este 26 de septiembre de 2024 se cumple una década de uno de los episodios más oscuros de la historia reciente de México: la desaparición de 43 estudiantes de la Escuela Normal Rural "Raúl Isidro Burgos" de Ayotzinapa, Guerrero. Aquella noche de 2014 marcó un antes y un después no solo para las víctimas y sus familias, sino también para la sociedad mexicana, que ha exigido incansablemente justicia. Sin embargo, diez años después, el paradero de los estudiantes sigue siendo desconocido y las respuestas de las autoridades no han sido suficientes para aclarar lo sucedido. El caso Ayotzinapa ha estado rodeado de irregularidades desde el inicio. La primera versión oficial, conocida como la "verdad histórica", sostenía que los normalistas fueron incinerados en un basurero en Cocula por miembros del cártel Guerreros Unidos, quienes los habrían confundido con sicarios rivales. Esta versión, construida bajo la gestión de Jesús Murillo Karam, exprocurador general de la República, y Tomás Zerón de Lucio, exdirector de la Agencia de Investigación Criminal, fue ampliamente desacreditada por investigaciones independientes y organismos de derechos humanos, como el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI). A lo largo de estos años, los intentos por esclarecer los hechos han sido infructuosos y el proceso ha estado marcado por tensiones entre diversas instancias. En 2019, el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador creó la Comisión para la Verdad y el Acceso a la Justicia del caso Ayotzinapa (CVAJ), encabezada por Alejandro Encinas. Esta comisión apuntó a la posible responsabilidad de elementos del Ejército Mexicano, señalando que las fuerzas armadas tuvieron conocimiento en tiempo real de lo que estaba ocurriendo en Iguala aquella fatídica noche, pero no intervinieron para evitarlo. Además, se reveló que uno de los desaparecidos, Julio César López Patolzin, era un soldado infiltrado en la normal, lo que abre interrogantes sobre el papel del Ejército en el encubrimiento del caso. A pesar de las promesas del gobierno de AMLO de llegar a la verdad, la relación con el Ejército ha complicado la situación. La Sedena ha sido señalada por retener documentos clave que podrían arrojar luz sobre lo ocurrido, entre ellos 800 folios que contienen transcripciones de conversaciones interceptadas entre presuntos responsables del crimen. Aunque el presidente López Obrador solicitó la detención de algunos militares implicados, la postura del gobierno ha sido ambivalente, reacia a profundizar en la responsabilidad de las fuerzas armadas, lo que ha generado tensiones entre el Ejecutivo y los padres de los normalistas. A la fecha, la respuesta de las autoridades sigue siendo insatisfactoria para los familiares y colectivos de derechos humanos. Aunque algunos militares han sido detenidos o están bajo libertad condicional, el principal enigma persiste: ¿dónde están los 43 estudiantes? La presión social no ha cesado y, a diez años de la desaparición, las heridas siguen abiertas. La lucha por la verdad y la justicia ha estado acompañada de numerosas marchas, como la del 2 de octubre, donde se exige no solo el esclarecimiento del caso, sino también el fin de la militarización del país, que ha crecido durante el sexenio de López Obrador. A pesar de sus promesas de regresar a los militares a sus cuarteles, el presidente ha reforzado el papel de las fuerzas armadas en la vida pública, lo que ha generado preocupación por la creciente militarización del país y su impacto en la seguridad y los derechos humanos. El saldo de la violencia en México sigue siendo alarmante, con miles de homicidios y desapariciones, lo que subraya la incapacidad del Estado para garantizar la seguridad y la justicia. El caso Ayotzinapa, lejos de ser un incidente aislado, se ha convertido en un símbolo de la impunidad y la corrupción que persisten en el sistema de justicia mexicano. Este 26 de septiembre, al cumplirse diez años del caso, la exigencia de los familiares y de la sociedad mexicana sigue siendo la misma: verdad y justicia.
¿Lo tendremos?
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