Ana Lilia Leal-Martínez, de 48 años, residente en Overland Park, Kansas, se declaró culpable en un tribunal federal de Estados Unidos por su participación en una conspiración de lavado de dinero vinculada a operaciones de tráfico de drogas.
La empresaria admitió haber transferido ganancias provenientes del tráfico de heroína y metanfetamina a México entre 2020 y 2022, según informó la Administración de Control de Drogas (DEA). El caso forma parte de una operación de la Fuerza de Tarea Antidrogas contra el Crimen Organizado (OCDETF). Esta unidad se dedica a identificar, desbaratar y desmantelar las organizaciones criminales de alto nivel que amenazan a los Estados Unidos. Leal-Martínez se declaró culpable ante la jueza principal de distrito Beth Phillips, reconociendo su papel en la conspiración para lavar dinero.
De acuerdo con la DEA, Leal-Martínez aceptó ganancias de la droga de co-conspiradores, incluyendo a José Jesús Sánchez-Méndez, conocido como "Michoacano". Posteriormente, transfirió estos fondos a personas en Michoacán, México. Entre enero y junio de 2022, Leal-Martínez transfirió 83,850 dólares a México desde su negocio, utilizando nombres falsos para evitar la detección.
El caso incluyó a 44 acusados, siendo parte de una investigación que comenzó en 2022 cuando las autoridades se centraron en una organización de tráfico de drogas que distribuía metanfetamina, heroína, cocaína y fentanilo en el área de Kansas City. La coacusada Flor González-Celestine, de 54 años y residente de Kansas City, Missouri, también se declaró culpable de su participación en la conspiración de 4.7 millones de dólares.
González-Celestine participó en cuatro compras controladas de drogas monitoreadas por las fuerzas del orden, vendiendo más de un kilogramo de metanfetamina a un informante confidencial y poseyendo aproximadamente 2.2 kilogramos adicionales de metanfetamina. Sánchez-Méndez también se declaró culpable de su participación en una organización criminal continua y de conspiraciones de tráfico de drogas y lavado de dinero.
Leal-Martínez enfrenta hasta 20 años en prisión federal sin libertad condicional, mientras que González-Celestine enfrenta un mínimo obligatorio de 10 años a cadena perpetua. Las audiencias de sentencia se llevarán a cabo después de las investigaciones previas a la sentencia por parte de la Oficina de Libertad Condicional de Estados Unidos.
