Para instalar un anexo en 5 minutos se obtiene la licencia de funcionamiento.
El 80 por ciento de los anexos o casas de rescate ni siquiera tienen un permiso de la autoridad.
El diputado local Jorge Valdés Flores indicó que el 80 por ciento de los anexos, casas de rescate y centros de ayuda contra las adiciones operan sin regulación ni permiso de alguna autoridad.
Por ello, dijo, se pretende una reforma a la Ley de Salud de la entidad para ampliar las reglas que ese dio de establecimientos deben cumplir.
Explicó que una comisión legislativa trabaja desde enero en la redacción de la reforma y podría ser en septiembre, al inicio del periodo ordinario de sesiones, cuando se entregue una iniciativa.
Precisó que el sentido que lleva el documento es que se sigan regulando los anexos, que paren los abusos contra los internos y evitar que se sigan violentando sus derechos.
Advirtió que, primero, se deben de regularizar debido a que de acuerdo con estudios, el 80 por ciento de los anexos o casas de rescate ni siquiera tienen un permiso de la autoridad.
En segundo lugar, que la persona que va a ser anexada nunca sea llevada en contra de su voluntad, porque al hacerlo se podría caer en el delito de privación ilegal de la libertad.
Asimismo, se mostró de acuerdo con la necesidad de que existan los anexos, incluso, de ser posible, que hubiera más para el tratamiento contra cualquier tipo de adicción y alternativa preventiva para los familiares de la persona a internar.
Pero mostró su desacuerdo con que dentro de muchos de estos centros de tratamiento se violen constantemente los derechos de quienes son atendidos en ellos.
Un tercer factor sería el que no se otorguen los permisos de funcionamiento deliberadamente, pues existe la queja social de que para instalar un negocio la persona debe de cumplir requisitos mientras que, para instalar un anexo en 5 minutos se obtiene la licencia de funcionamiento.
Tema aparte son los procedimientos de tratamiento que se aplican en algunos centros, debido a que no se les da seguimiento, a pesar de que la ley federal prevé que quienes brinden las terapias deben estar certificadas.
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