El uso discrecional de recursos, el dispendio y la falta de supervisión por parte del estado, derivaron en la crisis que se ha agudizado en los últimos 15 años, llevándola “al borde del colapso”
Saltillo, Coahuila, MÁS. – Al asumir la administración de las clínicas del Magisterio, el Gobierno del Estado está cumpliendo con su responsabilidad legal de proporcionar servicio médico a los trabajadores de la educación, señaló Gustavo García Torres, integrante de la Coalición de los Trabajadores de la Educación Pública de Coahuila.
Ocho años después de haber asumido legalmente estos centros de salud, durante el sexenio de Rubén Moreira, ahora su sucesor, Manolo Jiménez Salinas, debe reconocer que para el Gobierno Estatal era una obligación hacerlo, afirmó.
"Constitucionalmente, corresponde al Gobierno del Estado la atribución y facultad de administrar, supervisar y vigilar el buen funcionamiento de las cuatro instituciones de seguridad social del magisterio (Dipetre, servicio médico, Fondo de la Vivienda y Seguro del Maestro), en cuanto organismos públicos descentralizados de la administración pública estatal", enfatizó.
El activista magisterial detalló que «lo que sucedió con estas instituciones desde su fundación es que el Gobierno, a cambio de disciplina y sometimiento, concesionó la dirección y administración a los dirigentes de la Sección 38. Aunque en un tiempo aseguraron el cumplimiento del objeto social de dichas instituciones, con los años el uso discrecional de los recursos, el dispendio y la falta de supervisión rigurosa por parte del Estado, derivaron en la crisis que se ha agudizado en los últimos 15 años, llevando a estas instituciones al borde del colapso.
García Torres destacó que Rubén Moreira permitió que su hermano y exlíder sindical, Carlos Moreira Valdés, se hiciera cargo de las clínicas, cuando legalmente le correspondía al gobierno estatal, no a un sindicato.
"Al final, lo que importa a los derechohabientes de las instituciones es que funcionen adecuadamente, que cumplan con su objeto social, que se acabe la corrupción y la impunidad, que el gobierno y las universidades paguen los más de cinco mil millones que deben", subrayó.
El docente y activista expresó que lo más importante para los agremiados es «que se sancione a los responsables de fraudes y peculados, que se recupere el dinero desviado y malversado, y que los pacientes en las clínicas magisteriales reciban atención óptima, servicios y medicamentos completos, a tiempo y de calidad. Además, que los pensionados y familiares que llevan más de siete años esperando el pago de pólizas de Seguro, Retiro y Defunción lo reciban ya y de manera íntegra».
Por otra parte, enfatizó la necesidad de que quienes necesitan una vivienda digna sean beneficiados «con los millonarios recursos destinados para ese fin» y que los jubilados, tanto los actuales como los futuros, tengan certeza sobre su pensión.
"Todo esto es responsabilidad del Gobierno del Estado, mientras que la dirigencia sindical debe exigir que se cumpla", subrayó el activista magisterial.
En cuanto a la participación de los trabajadores en los órganos de gobierno de los organismos descentralizados, García Torres mencionó que "esta se hace valer a través de sus representantes, nombrados por la dirigencia sindical, quienes con su voz y su voto deben defender los derechos de los agremiados".
"Esta participación está asegurada y normada legalmente, incluso a nivel nacional, de tal forma que en todas las instituciones de seguridad social los trabajadores tienen representantes para hacer valer sus intereses y derechos; así ocurre, por ejemplo, en el IMSS y en el ISSSTE", agregó.
Finalmente, señaló que a nivel estatal, específicamente en el Instituto de Pensiones y otros Beneficios Sociales para los Trabajadores al Servicio del Estado, los representantes del SUTSGE participan con voz y voto en el órgano de administración, a cargo de un presidente y un director nombrados por el gobierno estatal.
Con base en estas consideraciones legales, es un hecho que el gobierno había concesionado a la dirigencia de la Sección 38 la administración de la institución, para lo cual diseñó “una Ley a modo, que contradice a la Constitución de Coahuila, a la Ley Orgánica de la Administración Pública y a la Ley de Entidades Paraestatales, ordenamientos que de acuerdo con el principio de jerarquía normativa son superiores a la Ley del Seguro”, destacó García Torres.
En virtud de lo anterior, “tanto el seguro del maestro y las otras instituciones de seguridad social, cual, si fueran cotos o parcelas de poder, desde sus orígenes fueron entregadas por el Gobierno a sus aliados políticos: los dirigentes de la Sección 38 del SNTE”, explicó.
Agregó que los otros sindicatos, como el STUAC, SUTAUAAAN y SUTUAAAN, cuyos agremiados son también derechohabientes de la Dirección de Pensiones (Dipetre) y del Instituto de Servicio Médico, “no han entrado al reparto de puestos, aunque ocasionalmente, por los ochenta, ocuparon la presidencia y el puesto de administrador de Dipetre personas provenientes de la UAAAN, presumiblemente recomendadas por el gobernador, en acuerdo con los dirigentes de la Sección 38”.
“El hecho de que el Seguro, por ejemplo, siga siendo administrado por un consejo designado por la dirigencia de la Sección 38, no exime al gobernador, en su calidad de titular del poder ejecutivo estatal y jefe de la administración pública, de su responsabilidad en el manejo que se haga de este organismo y de las otras instituciones de seguridad social de los trabajadores de la educación”.
Tales son los casos del Fondo de la Vivienda, la Dipetre y el Instituto del Servicio Médico, “organismo en donde la designación del director general sí está en consonancia con la Constitución y las Leyes ya citadas”, indicó.
“El que los anteriores gobernadores —recalcó—, por conveniencia política, hayan dejado el control administrativo y el manejo financiero de esos organismos públicos descentralizados en manos de los dirigentes de la Sección 38, contribuyó a la construcción del mito que tantos oídos endulzó y que a fuerza de tanto repetirlo, agremiados y dirigentes le dieron carácter de verdad absoluta: ´las instituciones de seguridad de los trabajadores de la educación son de la Sección 38´”.
“Dicha impostura adquirió en muchos casos una perniciosa connotación: las instituciones son de los dirigentes, arrogancia que no pocas veces, excepciones aparte, derivó en un manejo discrecional y arbitrario del patrimonio, como si de un botín se tratara y cuyo afán depredador fue descomunal en los últimos lustros”, hizo notar el portavoz de la coalición magisterial de la entidad.