Empresas sabían que se vendían a traficantes, acusan.
Un juez federal desestimó el caso argumentado que el gobierno mexicano no había proporcionado pruebas de que las actividades de las empresas estuvieran relacionadas con algún sufrimiento en México.
La Corte Suprema de Estados Unidos indicó que decidirá si bloquea o no una demanda de 10 mil millones de dólares presentada por México contra los principales fabricantes estadounidenses de armas, a los que acusa de que sus prácticas comerciales han contribuido a provocar gran parte del derramamiento de sangre en territorio mexicano.
Los fabricantes de armas solicitaron a los jueces que anularan un fallo del tribunal de apelaciones que permitió el avance de la demanda, a pesar de las amplias protecciones legales con las que cuenta la industria de las armas de fuego.
Desde entonces, un juez federal desestimó la mayor parte de la demanda por otros motivos legales, pero México podría apelar esa decisión. El gobierno mexicano afirma que las empresas sabían que las armas se vendían a traficantes que las introducían de contrabando a México, y que decidieron aprovechar ese mercado. El gobierno calcula que 70% de las armas traficadas a México provienen de Estados Unidos.
Entre los acusados están grandes fabricantes como Smith & Wesson, Beretta, Colt y Glock. Afirman que México no ha demostrado que la industria haya obrado intencionadamente para permitir que las armas sean usadas por los cárteles y que trata de “acosar” a los fabricantes para que adopten medidas de control de armas.
Demanda de 2021 fue rechazada por el tribunal de distrito
Presentada originalmente en 2021, la demanda fue rechazada inicialmente por un tribunal de distrito, que mencionó las protecciones legales de los fabricantes contra los daños resultantes del uso delictivo de las armas de fuego.
Sin embargo, la Corte de Apelaciones del 1er Circuito revivió el caso según una excepción a esa ley. Los fabricantes de armas apelaron esa decisión ante la Corte Suprema, argumentando que han seguido prácticas legítimas y que el caso no tiene nada que hacer en los tribunales estadounidenses.
En agosto, el juez federal de distrito en Boston, F. Dennis Saylor, desestimó nuevamente el caso contra seis de las ocho empresas, argumentado que el gobierno mexicano no había proporcionado pruebas concretas de que las actividades de cualquiera de esas empresas en Massachusetts estuvieran relacionadas con algún sufrimiento causado en México por las armas.
Aun así, dado que algunas acusaciones se mantienen y que es posible apelar, los fabricantes de armas argumentan que el fallo del 1er Circuito podría cernirse sobre industria durante años si se permite su permanencia.
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