CJF abre pesquisa contra gestión de Arturo Zaldívar

En denuncia anónima, se acusa a su administración de interferir en la independencia del PJF al amenazar y prometer beneficios a magistrados para resolver casos según sus intereses. 

El Consejo de la Judicatura Federal (CJF) investiga al ministro en retiro Arturo Zaldívar Lelo de Larrea y a excolaboradores cercanos por presuntamente vulnerar la autonomía e independencia del Poder Judicial de la Federación (PJF) al presionar, amenazar, extorsionar y prometer beneficios económicos y políticos a jueces y magistrados para que resolvieran casos en beneficio de intereses personales y de terceros, entre 2019 y 2022.

Derivado de una denuncia anónima, presentada el pasado 9 abril, la presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Norma Lucía Piña Hernández, ordenó la indagatoria correspondiente en la Unidad General de Investigación de Responsabilidades Administrativas del CJF, a la que le otorgó las más amplias facultades a efecto de que se recaben los medios probatorios que resulten necesarios para deslindar responsabilidades de carácter administrativo. Sin embargo, en el caso del extitular de la Corte, el Consejo de la Judicatura Federal carece de competencia para investigar y, en su caso, sancionar los hechos que se le imputan.

Como titular del CJF, entre 2019 y 2022, Zaldívar Lelo de Larrea presuntamente se confabuló con el exconsejero Jurídico del Ejecutivo federal, Julio Scherer Ibarra, para atentar contra la autonomía del PJF y de los jueces y magistrados.

Según la denuncia con el folio 2687, el titular de la Corte ejerció presión sobre jueces y magistrados, a través de su exsecretario general de la presidencia del CJF, Carlos Antonio Alpízar Salazar, con el objeto de que resolvieran a favor de sus intereses, y para ello prometieron beneficios políticos, económicos, adscripciones favorables, ratificaciones en el cargo y hasta dinero.

“Las áreas del Consejo más usadas para presionar a jueces y magistrados fueron la Secretaría Ejecutiva de Disciplina, entonces a cargo del magistrado Jaime Santana Turral; la Unidad General de Investigación de Responsabilidades Administrativas y la entonces Contraloría del Poder Judicial, cuya titular era Arely Gómez González, ello a través de amenazas de declarar a los titulares culpables de responsabilidades administrativas, usando quejas existentes o inventando algunas”, se señala en el documento.

Alpízar Salazar es señalado de corrupción, extorsión, desvío de recursos, violencia sexual y de género, acoso contra jueces y magistrados, y subordinación a un Poder distinto al Judicial federal, ya que “se puso a las órdenes de Scherer Ibarra, lo que le valió obtener grandes sumas de dinero y beneficios políticos (...)”.

De acuerdo con la denuncia, el exfuncionario operaba un “sistema corrupto” consistente en citar en el piso 14 del edificio sede del Consejo de la Judicatura Federal, en la Ciudad de México, para presionar y exigir a jueces y magistrados federales que resolvieran en favor de asuntos de interés del Poder Ejecutivo, encabezado por el presidente Andrés Manuel López Obrador, prometiéndoles beneficios políticos y económicos, o bien los extorsionaba o amenazaba con cambios de adscripción si resolvían en contra.

Específicamente refiere que los jueces Juan Pablo Gómez Fierro y Rodrigo de la Peza, quienes conocieron de las impugnaciones a la Ley de la Industria Eléctrica y Ley de Hidrocarburos, recibieron presiones de todo tipo del Poder Ejecutivo y del exministro Zaldívar, relacionadas con abrirles procesos penales y administrativos, así como investigaciones a sus finanzas.

Los magistrados Jorge Arturo Camero Ocampo y Amparo Hernández Chong, quienes llevaron los casos del aeropuerto de Santa Lucía y la cancelación del proyecto de Texcoco, fueron contactados vía telefónica por Zaldívar y Carlos Alpízar para amenazarlos, señala la denuncia. En tanto, Edgar Manuel Bonilla del Ángel es acusado de cometer delincuencia organizada en su calidad de titular del Instituto Federal de Especialistas de Concursos Mercantiles, debido a que utilizaba la institución con fines personales.

Al exdirector del Instituto Federal de la Defensoría Pública, Netzaí Sandoval Ballesteros, hermano de la exsecretaria de la Función Pública, Irma Eréndira Sandoval, se le señala de “presionar a los defensores y asesores para que actuaran conforme a sus intereses”.

Del mismo modo, el hoy secretario de la ponencia de la ministra Lenia Batres prohibió a los defensores promover juicios de amparo por la falta de atención médica por Covid, para que “no se viera inflada la estadística del gobierno”.

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