En entrevista, el funcionario aseguró que es necesario terminar con la violencia dentro de los centros penitenciarios y por ello se tomarán las medidas necesarias
El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Miguel Ángel Urrutia Lozano, anunció una reestructuración en todo el sistema penitenciario de Morelos, comenzando con la aplicación de exámenes de control y confianza para los mandos y custodios, porque muchos no reúnen ese requisito.
Urrutia Lozano afirmó que el objetivo inmediato es detener la corrupción y los grupos de poder internos y anunció que en el Centro Estatal de Reinserción Social “Morelos”, iniciaron una campaña de información sobre denuncias para erradicar los actos de corrupción al interior del penal, y por principio se regularizaron los ingresos de familiares de Personas Privadas de la Libertad (PPL), en días de visita.
En entrevista se dijo enterado de los actos de corrupción que también existen en el penal femenil, contiguo al de varones, con grupos de autogobierno, cobros de cuotas, entre otras irregularidades.
“El mensaje de terminar con la corrupción implica grupos de autogobierno, un control, un respaldo de la información, una huella dactilar y también que debemos de quitar la sobrepoblación en ese centro”, dijo Urrutia Lozano.
¿Sabe que también se cobra por entradas visitas íntimas y familiares al penal femenil?
“Es una situación que tenemos que regularizar. Claro que lo sabemos, por lo tanto tenemos que tomar acciones, pero al día de hoy yo no puedo sino tengo personal de custodia amplio y suficiente para realizar el procedimiento normal cumpliendo las disposiciones de la Guía Nacional de Supervisión penitenciaria, y también del Sistema Penitenciario Nacional que tenemos una homologación”, afirmó.
Mujeres privadas de la libertad se quejan por tratos de las autoridades
Un grupo de internas entregó un pliego de quejas cometidas por las autoridades del penal femenil, e identificaron a la comandante Alejandra del Consuelo de la Vega Frías, como la encargada de someter y golpear a las personas privadas de la libertad por indicaciones superiores.
“La gran mayoría tiene miedo de hablar por las represalias que toma en contra de nosotras. La principal amenaza son los traslados a Michapa (penal federal) y estar encerradas. Por ejemplo, la compañera Yovana “N” acudió ante el juez para solicitar una visita intercarcelaria, porque su esposo se encuentra en fase terminal de cáncer. El juez otorgó una visita mensual, pero la directora no lo acepta y la tiene encerrada e incomunicada, debido a que se lo pidió al juez y no a la licenciada”, cuentan.
También identifican al autogobierno y denuncian que las autoridades cobran la visita nocturna en mil 200 pesos, sin permiso para ingerir alcohol, y mil 500 con permiso. A las que tomaban sin pagar permiso las encerraba en locutorios; el costo de visita familiar en el área femenil es de 800 pesos por persona, denuncian.
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