Lo que ya se convirtió en un "tremendo" negocio al menos en esta región centro son los centros llamados Anexos, mismos que operan con ilegalidad y un sin fin de irregularidades, aunado a las condiciones riesgosas, pero sobre todo indignantes para los internos o personas adictas a las cuales sus familias buscan sean rehabilitados.
Desafortunadamente, para estos internos, dichos anexos, y nos referimos a la mayoría de los que existen, no cuentan en realidad con personas preparadas para atender los tipos de adicciones que padece cada persona internada y están acostumbrados a tratarlos con entera violencia.
Esta región es referente en el caso de internos de anexos muertos, donde la violencia que sufren los ha llevado a perder la vida y, aunque se han interpuesto denuncias por parte de los familiares, simplemente no ha sucedido nada.
El negocio, por supuesto, es redondo, porque no solo se cobra la cuota o mensualidad por tener internos, sino que además les quitan absolutamente todo lo que sus familiares con sacrificio les llevan.
Existe otro referente en el que un propietario de cierto anexo, sacaba a los internos por la mañana para que realizaran trabajos de obra civil en su vivienda para ahorrarse la mano de obra de un sinfín de construcciones, pero a costillas de los internos que tenía en su anexo, hasta que uno de ellos logró huir de la obra para dar a conocer todas estas irregularidades.
En realidad, nadie sabe cómo es que operan estos anexos y en realidad quién les da tales permisos o autorizaciones para que comiencen a trabajar.
Diferentes autoridades municipales han intentado ingresar, pero estos se niegan a abrir sus puertas como si estuvieran protegidos por alguna autoridad.
Basta con una sola firma de algún familiar para tener a los internos sin contacto con el resto del mundo y, por si fuera, poco controlados en horarios como si fueran convictos o reos que han cometido algún delito, como para ganarse un encierro de seis meses o hasta un año.
Y es que no solo no existe personal adecuado o preparado para atener los casos de adicción, sino que tampoco cuentan con personal médico y de enfermería que pueda atender cada caso de enfermedad que pueda surgir en algún interno, ni siquiera mejoran las condiciones insalubres que tienen estos centros y mucho menos atienden las recomendaciones de protección civil.
De que hay gato encerrado en todo esto lo hay, pero ya quedó demostrado que no existe ley que pueda cerrarlos o impedirles que operen ante las pésimas condiciones que existen.
La impunidad es cada vez mayor y hoy en día se creen con el derecho de agredir a quien sea y a quien intente exhibirlos. El caso palpable fue ayer, cuando se atrevieron a agredir a reporteros de diferentes medios de comunicación.
A una reportera le arrebataron su teléfono móvil con el que hacía una transmisión en vivo en el exterior del anexo presuntamente llamado Sanaréh.
Y no solo a esta reportera, sino a los demás, los retaban a la agresión tanto verbal como física y todo porque exhibían las deplorables condiciones y las irregularidades en las que opera presuntamente este anexo.
Pero dejemos en claro que no es el único que opera de esta manera y mientras sigan obteniendo los permisos de los niveles superiores a los municipales no habrá nada ni nadie que les impida que existan y que sigan operando como hasta ahora independientemente de que se registren maltratos y hasta muerte de aquellos que se revelan a los interiores de estos centros que parece ser llegaron para quedarse por las jugosas ganancias que se puede sacar de ellos.
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