Alberto Fernández acusado de violar orden de restricción a exprimera dama
La orden judicial sólo le permite comunicarse sobre temas de crianza de su hijo.
Según la denuncia, Fernández habría usado el celular de su hijo para mandar enlaces a un artículo que cuestiona la versión de la familia de Yáñez, lo cual fue interpretado como una acción destinada a desestabilizar emocionalmente a la ex primera dama
La abogada de la exprimera dama Fabiola Yáñez, Mariana Gallego, acusó al expresidente argentino Alberto Fernández (2019-2023) de enviar mensajes “perturbadores” a su cliente, pese a que tiene prohibido por la Justicia comunicarse con ella, según informan medios locales.
Gallego presentó una denuncia ante el juez Julián Ercolini en la que acusa a Fernández de haber utilizado el celular del hijo para enviarle a su expareja dos supuestos mensajes de texto que tendrían por objetivo afectar la estabilidad emocional de su cliente.
El exmandatario le habría enviado a Yáñez, el jueves pasado, dos enlaces a un artículo periodístico titulado: “Mentiras e inconsistencias en el relato de la familia Yáñez”, según recoge este sábado el portal de noticias TN.
A Fernández, que ya tiene un pedido de declaración indagatoria solicitado por el fiscal Ramiro González, la Justicia le había prohibido tomar cualquier tipo de contacto con la ex primera dama y salir del país.
Tras la presentación judicial, Ercolini exigió al exmandatario dejar de contactarse con Yáñez o sus familiares y cesar “todo acto de intimidación directa o indirecta”.
El juez agregó que la comunicación sólo podrá ser con la familia de su expareja en temas relacionados con la crianza de su hijo y advirtió que futuras transgresiones serían consideradas como “obstrucción a la Justicia”, un delito que puede implicar prisión preventiva.
Fernández está imputado por dos lesiones leves doblemente agravadas por tratarse de violencia de género y presuntamente ejercida contra Yáñez y una lesión grave por el debilitamiento permanente de la salud de su expareja, también doblemente agravada.
El expresidente también está acusado del delito de coacción para que Yáñez no denunciara las supuestas agresiones, algo por lo que puede ser condenado hasta a 18 años de prisión.
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