Sin facultades municipio para retirar a las “nenis”
El intercambio de mercancía no es una actividad ilícita, pues el acto comercial se realiza en redes sociales y no está contemplada en el Código Penal como delito, señala especialista
Saltillo, MÁS. – Ante la decisión del Ayuntamiento de Saltillo de retirar a las llamadas “nenis” del primer cuadro de la ciudad, el abogado Omar Everakus Quiroz explicó que el municipio no está facultado para llevar a cabo acciones de desalojo en su contra y que, de hacerlo, implicaría una violación al derecho de libre tránsito.
Entre los objetivos de las reformas que el Ayuntamiento de Saltillo pretende hacer al Reglamento de Mercados, y que serán votadas por los integrantes del cabildo, se contempla el reforzamiento de la seguridad en el primer cuadro de Saltillo para evitar que las “nenis” realicen la entrega de mercancía en vía pública.
El licenciado Omar Everakus señaló que el intercambio de mercancía entre las comerciantes y sus clientas no es una actividad ilícita, no está contemplada como tal en el Código Penal. Y al no existir una afectación al municipio, no es justificable el uso de fuerza policial para retirarlas.“A lo más que podrán llegar a hacer es retenerlas 36 horas en las celdas municipales, pero no pueden ser vinculadas a proceso porque no hay un delito, solo sería una falta administrativa derivada de un reglamento que pretenden modificar”, señaló.
Explicó que el municipio no está facultado para prohibir su presencia en las calles del centro histórico, ya que el acto comercial se celebra a través de las redes sociales y en el lugar solo se lleva a cabo la entrega-recepción.
Así mismo, mencionó que la reforma al reglamento de mercado que el cabildo aprobará no está apegado a la materia de derecho, por lo que las “nenis” podrán recurrir a un amparo, así como poner una queja en la Comisión de Derechos Humanos, para tratar de legitimar sus derechos.
Agregó que es necesaria promover una acción constitucional, ya que el desalojo de las mujeres no está basado en una ley, sino en un reglamento, con el que se equipararan los derechos de uso y suelo.“Quieren poner un orden, pero las consecuencias políticas que puede traer esto puede ser enorme”, destacó.
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