La senadora Geovanna Bañuelos de la Torre busca impulsar mecanismos jurídico-legales para garantizarles todos sus derechos a los infantes
Las niñas, niños y adolescentes, hijos de personas que se encuentran privadas de su libertad en un Centro de Readaptación Social, atraviesan por un estado de vulnerabilidad, ya que son ignorados, maltratados y victimizados por la sociedad, denunció la senadora Geovanna Bañuelos de la Torre, coordinadora del grupo parlamentario del Partido del Trabajo (PT).
Señaló que este sector infantil puede considerarse como invisible, por lo que propuso reformar la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes y la Ley Nacional de Ejecución Penal.
A través de esta iniciativa, Bañuelos de la Torre busca impulsar mecanismos jurídico-legales para garantizarles todos sus derechos a los infantes, cuyo padre o madre se encuentra privado de la libertad.
La propuesta plantea que este sector de la población reciba servicios de salud y acompañamiento psicológico, a fin de garantizar su desarrollo, bienestar y el pleno ejercicio de sus derechos.
“Es necesario dotarlos de un acompañamiento psicológico que les ayude a garantizar su bienestar, ante una situación que conlleva el distanciamiento y múltiples cambios derivados de la situación por la que atraviesan su padre o madre”, manifestó la senadora.
Agregó que las niñas, niños y adolescentes pueden padecer algunos impactos físicos y emocionales relacionados con la separación y otros aspectos del encarcelamiento parental, además de que también existen dificultades económicas, así como problemas en la escuela, tanto para el aprendizaje, como para la forma de relacionarse con sus compañeros.
“Se trata de un problema que en México se ha minimizado e incluso ignorado, aun cuando es el Estado quien tiene la obligación de garantizarles sus derechos humanos a los menores, así como de proveer de las condiciones jurídicas y materiales para que puedan gozar de manera efectiva de sus garantías”, argumentó.
En este sentido, la iniciativa busca obligar a las personas privadas de su libertad a que brinden información acerca de los datos de sus hijas e hijos menores de edad, de los cuales tengan la guardia y custodia, a efecto de brindarles servicios de atención y seguimiento.
También plantea que el titular de los centros penitenciarios deberá recibir y salvaguardar la información relativa a los menores y comunicarla a las autoridades correspondientes.
“Las niñas, niños y adolescentes con un padre o madre en reclusión son inocentes, ellos no han cometido ningún delito, ni deben ser castigados o sufrir de algún tipo de violencia en el hogar, escuela, comunidad o dentro del mismo sistema penitenciario”, concluyó la senadora.
