Ningún deudor de pensión, agresor sexual o que haya cometido violencia familiar puede tener un cargo de elección popular o empleo en el gobierno.
Saltillo se convirtió en el primer municipio de Coahuila y quinto de la nación en sumarse a la Ley 3 de 3 contra la violencia, alineándose a las reformas constitucionales aprobadas en 2023 a nivel federal, para lo cual modificó el Reglamento de la Administración Pública Municipal.
El alcalde José María Fraustro Siller, explicó que la citada ley indica que ninguna persona deudora de pensión alimenticia, agresora sexual o que haya cometido violencia familiar puede tener un cargo de elección popular o empleo en el gobierno municipal, estatal o federal.
Incluye además delitos de: violencia familiar, violencia familiar equiparada o doméstica, violación a la intimidad sexual; violencia política contra las mujeres en razón de género, en cualquiera de sus modalidades y tipos; y por ser declarada como persona deudora alimentaria morosa.
Fraustro Siller, destacó la importancia de implementar acciones encaminadas a erradicar la violencia en todas sus manifestaciones y resaltó que Saltillo es una ciudad segura y se trata de implementar acciones para erradicar la violencia a fin de mantener la paz y tranquilidad en todas sus formas.
Socorro Guevara Garza, regidora, secretaria de la comisión de Derechos Humanos, Grupos Vulnerables e Igualdad, reconoció el trabajo de la comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales y dijo que las reformas entrarán en vigor un día después de su publicación en el Periódico Oficial del Estado.
Guevara Garza consideró que con esta propuesta, el alcalde atiende un compromiso con las mujeres. Saltillo, al liderar esta iniciativa en Coahuila, se convierte en un referente en la promoción de prácticas gubernamentales basadas en principios éticos sólidos. El objetivo principal es construir una administración pública que refleje los más altos estándares de integridad y respeto, fomentando así la confianza de la ciudadanía en las instituciones gubernamentales.
Esta audaz acción de Saltillo no solo tiene repercusiones locales, sino que establece un precedente importante para otras jurisdicciones que podrían considerar adoptar medidas similares. La ciudad demuestra un compromiso firme con la construcción de un entorno político basado en la ética, la igualdad y la justicia social, contribuyendo así a la evolución positiva de la cultura política en México.
