La reforma traería afectaciones a derechos fundamentales y tratados internacionales, dicen los especialistas.
La iniciativa de reforma en materia de minería y agua, que se encuentra en discusión en el Congreso, ha generado preocupación en diversos sectores debido a las posibles violaciones a derechos fundamentales que podría implicar su entrada en vigor, señalaron abogados expertos en el tema.
De acuerdo con la firma Von Wobeser y Sierra, uno de los aspectos que ha sido objeto de críticas es la eliminación de las solicitudes de trámite de nueva concesión que estén pendientes de resolverse, lo cual podría afectar a aquellos que habían iniciado el proceso para obtener una concesión y ahora tendrán que comenzar de cero.
Además, comentan que la obligación de obtener una carta de crédito adicional que garantice posibles daños y presentar solicitudes de autorización adicionales a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, impuestas a las personas que actualmente cuenten con títulos de concesión vigentes, también ha generado preocupación. “Estas posibles afectaciones podrían ser violatorias de derechos fundamentales establecidos en la Constitución y en los tratados internacionales, como pueden ser el derecho a la igualdad, la garantía de irretroactividad de la ley y la libertad de comercio”, señalan los abogados de Von Wobeser y Sierra. Otro aspecto relevante es que aquellos que estén interesados en obtener títulos de concesión deberán analizar cuidadosamente las implicaciones económicas de la iniciativa de Ley Minera, pues deberán considerar las limitaciones que se impondrán y el hecho de que las entidades paraestatales que ya cuentan con concesiones pueden recibir un trato preferencial en comparación con los demás solicitantes.
Pedro Morales, socio de GLZ Abogados, señaló que la iniciativa es una afectación muy grave a la inversión extranjera directa, ya que genera un descontento grande del sector minero extranjero, especialmente de Canadá, que pertenece al T-MEC. “A raíz de esto, es muy probable que se inicie un panel de solución de controversias porque es una clara violación de las obligaciones de México en la protección de inversión extranjera”, indicó el abogado, destacando que la inversión canadiense es muy grande en México, por lo que es una afectación directa a sus intereses. En su opinión, el tema de las indemnizaciones en proyectos ha dejado bastante descontento al gobierno federal, porque cada vez que cancelan un proyecto tienen que indemnizar conforme a derecho, por tal razón el gobierno también está sacando iniciativas para poner un tope a los pagos. Si llegan a sacar la reforma, la afectación es para el sector privado nacional, porque estaría más desprotegido. En el caso de los privados internacionales.
