Reducen fianza a mujeres presas que defendían área verde
Redacción / El Tiempo de MonclovaFelisa y Carmen fueron detenidas el pasado 5 de julio en un operativo
NAUCALPAN, Méx.- Un juez determinó reducir de 500 mil pesos a 15 mil pesos el pago de fianza a María del Carmen Rico Ruiz y 5 mil 700 pesos para Felisa García , ambas mujeres son dirigentes vecinales de Río Hondo, quienes permanecen presas en el penal de Barrientos por defender un área verde, al ser acusadas por una empresa inmobiliaria de extorsión y presuntamente pertenecer a la “Familia Michoacana”, informó la abogada ambientalista Patricia Canales.
El agente del Ministerio Público en la audiencia celebrada el pasado 14 de septiembre en los juzgados penales de Barrientos, solicitó al juez la revisión de la medida cautelar de ambas mujeres quienes tenían que pagar cada una, medio millón de pesos para seguir su proceso en libertad, no obstante, el juez accedió a reducir el pago a un promedio de 15 mil pesos, informaron autoridades de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM).
Empresa inmobiliaria las acusó de extorsión de pertenecer a LFM
Cabe recordar que Felisa y Carmen fueron detenidas el pasado 5 de julio en un operativo, luego de que las mujeres que encabezan y forman parte del Consejo de Participación Ciudadana (Copaci) de Río Hondo, participaron en una protesta en contra de la colocación de rejas por parte de una empresa inmobiliaria de la franja verde llamada “La Huerta”, que sirve de paso a vecinos de colonias como Buenavista y Río Hondo.
Al ser detenidas Felisa y Carmen fueron acusadas por la empresa inmobiliaria del delito de extorsión y presuntamente de pertenecer a la “Familia Michoacana”, indicó la abogada Patricia Canales. Por ello las mujeres fueron trasladadas al penal de Barrientos donde ya cumplieron dos meses y medio de estar presas.
El pago de la nueva fianza fue depositado por familiares de las detenidas luego de la audiencia del 14 de septiembre, sin embargo, Felisa y Carmen no podrán salir del penal hasta que haya disponibilidad de brazaletes, toda vez que el juez así lo estableció, informaron fuentes oficiales de la Fiscalía y Patricia Canales, en entrevistas por separado.
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