Las ministras de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Loretta Ortiz Ahlf y Margarita Ríos Farjat, propuestas por el presidente Andrés Manuel López Obrador, y el ministro Alberto Pérez Dayán, rechazaron el planteamiento del jefe del Ejecutivo de que los ministros sean elegidos a través del voto popular.
Durante el seminario "El derecho a la información, la importancia de la transparencia en el ejercicio de gobierno", la ministra Ortiz dijo que los abogados que necesita la Corte tienen que tener un perfil específico, y ese perfil no se puede alcanzar en las urnas, siendo electos.
"Me acuerdo discutiendo la pena de muerte en Estados Unidos, me pidió Relaciones Exteriores que tuviera una reunión con varios jueces, y uno en particular había mandado a la pena de muerte a un mexicano y aparecieron pruebas supervenientes de que no era responsable.
"En ese momento le pregunté, ¿por qué emitió esa sentencia?, y fue así, clarito: 'es que esto me dio más popularidad, me dio la oportunidad de ascender en mi carrera judicial'. Eso es lo que no podemos permitir, no podemos los que aspiramos a ser ministros, llegar por un voto popular", refirió, quien fue ovacionada al participar en la Feria Internacional del Libro (FIL) en Guadalajara.
En su intervención, la ministra Ríos Farjat recordó que, desde su vida universitaria, siempre ha pensado que esto no es una solución a ninguna problemática en la sociedad mexicana.
Enfatizó que el Poder Judicial tiene una conformación y debe ser integrado de manera distinta, a través de los representantes populares, garantías, colaboración entre poderes y demás.
"Jueces electos popularmente, ¿van a necesitar mantener ese apoyo popular? o ¿van a ser removidos? si van a necesitar mantener ese apoyo popular, ¿eso va a condicionar sus decisiones?
"El punto es: ¿dónde están las garantías de estabilidad judicial?, serenidad en el cargo, estamos hablando de la Judicatura, la Judicatura no es otra cosa que el poder que va a resolver los problemas íntimos y públicos de la sociedad, es decir, ¿cada uno de nosotros queremos que resuelvan en México personas electas popularmente?", cuestionó Ríos Farjat, ante los moderadores Carmen Aristegui, Edna Jaime y Javier Solórzano.
Calificó como complejo que eso genere una seguridad a la sociedad, "con mucho respeto a quien proponga las ideas".
El ministro Pérez Dayán también coincidió en que no es viable la propuesta; el tema político hace un agregado que riñe con un tema de seguridad jurídica.
"Es precisamente lo que la voluntad del colectivo quiere escuchar del juez al que colocó ahí a través de un sufragio, y si no lo hace, ¿se tiene que ir? Pues todo dependerá entonces del talante que tenga la sociedad en ese momento. Será entonces popular porque hizo lo que pensaba la mayoría que quería que hiciera", explicó el ministro.
Abundó que la seguridad jurídica se opone a un sistema tan volátil como el de la conveniencia en la decisión política, el compromiso es con la norma.
La seguridad jurídica, dijo, se traduce en una sentencia que recoge el derecho, y a partir de eso el juzgador cumple con su función, "sí, de cara a la sociedad, entendiendo sus valores e interpretando de modo tal que los proteja, más no quiere decir que para tener esa condición tenga que provenir de un sistema de urnas".
Pérez Dayán señaló que la historia recoge mucha información sobre lo no viable de esta alternativa, "que, si la Corte resuelve de cara al pueblo, claro que lo hace, la interpretación que haga de la norma siempre tiene que coincidir con el bien común".
El 9 de mayo pasado, el Mandatario dijo que el Poder Judicial debe estar al servicio del pueblo y no de una minoría que sólo representa a los intereses del antiguo régimen.
