Presidente de Francia, Emmanuel Macron, impone su impopular reforma a pensiones sin voto de diputados

Presidente de Francia, Emmanuel Macron, impone su impopular reforma a pensiones sin voto de diputados
El Universal / El tiempo Monclova

Macron quiere retrasar la edad de jubilación de 62 a 64 años para 2030 y adelantar a 2027 la exigencia de cotizar 43 años (y no 42 como hasta ahora) para cobrar una pensión completa. 

El presidente de Francia, Emmanuel Macron, decidió este jueves adoptar su impopular reforma de las pensiones sin el voto de los diputados, arriesgándose a la caída del gobierno de su primera ministra en una moción de censura y a un recrudecimiento de las protestas en las calles.

"No podemos hacer apuestas sobre el futuro de nuestras pensiones", dijo la primer ministra Élisabeth Borne quien, ante el temor de no lograr los votos legislativos necesarios para la reforma, activó el artículo 49.3 de la Constitución en una caótica sesión de la Asamblea Nacional.

Los diputados de la oposición de izquierda acogieron con carteles de "64 años es no", cantando la Marsellesa, el himno nacional, y con gritos a Borne, obligándola a forzar la voz para anunciar la decisión.

La 100ª activación desde 1958 de esta herramienta legal, pero muy polémica en Francia, podría recrudecer la tensión con los sindicatos, que habían llamado a impedir una reforma injusta y organizaron protestas masivas durante dos meses.

Macron quiere retrasar la edad de jubilación de 62 a 64 años para 2030 y adelantar a 2027 la exigencia de cotizar 43 años (y no 42 como hasta ahora) para cobrar una pensión completa. Dos de cada tres franceses se oponen, según los sondeos.

La única manera de impedir ahora su aplicación es que los diputados presenten y aprueben una moción de censura contra el gobierno, que se debatiría en los próximos días. La líder ultraderechista, Marine Le Pen, ya anunció una.

"Es la constatación de un fracaso total" para Macron, agregó su rival en el balotaje de la pasada elección presidencial hace casi un año, quien estimó que la situación en Francia era la de una "crisis política".

El diario liberal L'Opinion había advertido que el uso del 49.3 "reforzaría la imagen de 'brutalidad' de su poder y alimentaría la crisis social". Macron ya enfrentó en su primer mandato una fuerte protesta social con los "chalecos amarillos".

Más allá del proyecto, el mandatario de 45 años, reelegido hace casi un año con la promesa de reformar la segunda economía de la Unión Europea (UE), se jugaba con esa reforma poder aplicar su programa durante su segundo mandato.

Con el visto bueno asegurado en el Senado, que la aprobó en la mañana, el gobierno se esforzó en convencer al puñado de diputados oficialistas y a la "veintena" de su aliado de derecha Los Republicanos (LR) aún reticentes.

Pero sin éxito. El temor a sufrir un revés en la Asamblea Nacional, tras una serie de reuniones de crisis desde el miércoles por la noche, lo forzó a activar el 49.3, pese a correr el riesgo de recrudecer las protestas sociales.

Más de 1.500 manifestantes se dirigían a la sede de la Asamblea justo después del anuncio del polémico mecanismo, a llamado de organizaciones de estudiantes y al grito "¡Eh Manu Manu, 49.3 o no, tu reforma no la queremos!", constató AFP.

El líder de la CFDT --principal sindicato francés--, Laurent Berger, anunció a AFP "nuevas manifestaciones", si bien la decisión final la tomará el frente sindical unitario el jueves por la noche.

El nuevo episodio en la saga de las pensiones llegó en un momento en que la contestación retrocedía, a medida que los franceses reconocían que la reforma se acabaría aplicando.

Las huelgas prorrogables lanzadas la semana pasada en sectores clave como la energía y los transportes también continuaban, aunque con menos fuerza, y visibles sobre todo en acciones mediáticas como cortes puntuales de electricidad.

El gobierno ordenó además requisar el personal municipal de recogida de basuras de París para que retiren las 7.600 toneladas acumuladas en la capital, al término de un pulso con la alcaldesa Anne Hidalgo que apoya a los huelguistas.

Si la moción de censura fracasa y se adopta así la reforma finalmente, la oposición de izquierda prepara un recurso ante el Consejo Constitucional que retrasaría su promulgación y daría más tiempo a los opositores para utilizar sus últimos cartuchos, como reclamar un referéndum.

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