ONG's piden al Congreso darle prioridad a reforma para contratar a personas con discapacidad

Consideran que es necesario adecuar la ley e instaurar por lo menos el 1% de la plantilla laboral en las empresas

Expertos y organizaciones de la sociedad civil urgieron al Congreso de la Union, para que la aprobación de la reforma que obliga a las empresas a contratar personas con discapacidad sea prioritaria al inicio del próximo periodo de sesiones.

Al participar en el foro "Inclusión Laboral de Personas con discapacidad", Enrique Grapa, de la Fundación Inclúyame AC, consideró que es necesario adecuar la ley e instaurar por lo menos el 1% de la plantilla laboral en las empresas.

Por su parte, Ruth Francisca López Gutiérrez, directora general del Instituto de las Personas con Discapacidad, expuso la necesidad de buscar la inclusión laboral en todos los rubros, y aseveró que es necesario poner bien la terminología para personas con discapacidad y que en todo momento se vinculen con la convención sobre los derechos de las personas con discapacidad de las naciones unidas.

El foro puso a debate la iniciativa de la diputada morenista Yessenia Olua, que busca obligar a las empresas a que al menos 4% de su personal sean personas con discapacidad.

La iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se Adicionan los artículos 7 Bis y 993 Bis a la Ley Federal del Trabajo, recogió del foro las mejores ideas, aportes y mejoras a la redacción de la propuesta.

En el evento, realizado en la Cámara de Diputados, Olua González recordó que a nivel mundial hay aproximadamente un poco más de 7 mil 500 millones de personas que viven con algún tipo de discapacidad, lo que representa 13% de la población mundial.

En México, detalló que en México hay 6 millones 179 mil 890 personas con algún tipo de discapacidad, lo que representa 4.9% de la población total del país.

Explicó que de ese total, hay cerca de un millón de personas con alguna discapacidad en posibilidades de trabajar, "pero solo 30% de ellas se encuentra activa en el mercado laboral".

Señaló que el proyecto, impone penalización por no cumplir con dicho mandato, con multas que van de 250 a 2500 veces la Unidad de Medida y Actualización.

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