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ONG denuncia juicio arbitrario en China contra periodista y activista que dio voz al #MeToo

ONG denuncia juicio arbitrario en China contra periodista y activista que dio voz al #MeToo
El Universal / El tiempo Monclova
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Indican que fue acusada de "incitar a la subversión del poder estatal" sin que se haya anunciado aún un veredicto. 

La ONG de derechos humanos CHRD denunció que la periodista Huang Xueqin y el activista Wang Jianbing fueron "juzgados sin garantías" el pasado viernes, acusados de "incitar a la subversión del poder estatal" sin que se haya anunciado aún un veredicto contra ellos.

Según CHRD (siglas en inglés de Defensores Chinos de los Derechos Humanos), la periodista Huang Xueqin y el activista Wang Jianbing fueron procesados en el Tribunal Popular Intermedio de Cantón en lo que consideran "un juicio falso", con lo que insta al Gobierno chino a que los libere "inmediatamente".

"Ni siquiera su detención fue justa. El trato recibido por Huang Xueqin y Wang Jianbing a manos de la policía ha estado plagado de violaciones de la ley y de la justicia procesal chinas. Es el Gobierno chino quien debería ser juzgado por encerrar ilegalmente a sus propios ciudadanos simplemente por el ejercicio pacífico de sus derechos humanos", afirmó Renee Xia, directora del CHRD, recoge su página web.

La ONG asegura que se prohibió la entrada al tribunal a cualquier familiar -finalmente se permitió la entrada al padre de Wang- y que tampoco se permitió el acceso a diplomáticos de varios países, incluidos Estados Unidos, Reino Unido, Alemania, Francia y Holanda.

El juicio terminó sin un veredicto y el tribunal elegirá otra fecha para anunciarlo, según la ONG.

Si son declarados culpables, Huang y Wang se enfrentarán a una pena máxima de 15 años de prisión por el delito de "incitar a la subversión del poder estatal", un cargo habitualmente utilizado contra activistas chinos de derechos humanos.

Según CHRD, Wang Jianbing, nacido en 1980, estuvo recluido en régimen de incomunicación durante los primeros meses de su detención hace ahora dos años, y las autoridades se negaron a revelar a su familia cualquier información sobre su paradero o su detención.

Más de seis meses después de su detención inicial, a Wang se le permitió ver a su abogado a través de videoconferencia, en la que aseguró que había estado retenido en una "zona de cuarentena" durante cinco meses.

Mientras, a Huang Xueqin, nacida en 1988, no se le ha permitido ver a un abogado de su elección y fue sometida a interrogatorios prolongados y repetidos, recoge la misma fuente.

La ONG asegura que Huang se enfrenta a represalias por su trabajo como periodista independiente y por destapar abusos contra los derechos humanos en China.

"Su detención y maltrato bajo custodia estatal deberían ser otra advertencia más para el mundo sobre hasta dónde llegará el Partido Comunista Chino en la represión de los periodistas independientes y la prensa libre", afirma en la web William Nee, Coordinador de Investigación y Defensa del CHRD.

Por su parte, la ONG asegura que Wang -un activista reconocido por su apoyo a personas con discapacidad y a trabajadores que desarrollaron enfermedades debido a las malas condiciones laborales- participaba frecuentemente en reuniones informales con amigos, en las que también habría participado Huang, pero que estas no tenían ninguna estructura explícita o intención política.

"Muchos de los amigos de Huang y Wang fueron detenidos y obligados a testificar contra ellos. Se trata del desmantelamiento de cualquier red informal de la sociedad civil restante tras las medidas represivas tomadas en la última década. Las autoridades los ven como una amenaza potencial al régimen", agrega Nee.

Huang jugó un papel decisivo en el lanzamiento de #MeToo en China en enero de 2018, recogiendo el testimonio de víctimas de agresiones sexuales.

La informadora independiente cubría también temas relacionados con la corrupción y la contaminación industrial. En 2019, Huang publicó en Internet su experiencia durante las protestas antigubernamentales que azotaron Hong Kong en 2020, tras lo cual las autoridades de Cantón la detuvieron durante al menos tres meses, según la ONG.

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