Obreros de la CTM siguen declarando ante la FGE
En referencia a la situación por la que atraviesa el exlíder sindical Leocadio N, se informa que su audiencia está programada en 4 meses.
La Fiscalía General del Estado ha iniciado el proceso de declaración de más de 35 trabajadores vinculados a la Confederación de Trabajadores de México (CTM), quienes afirman haber sido defraudados por su ex líder, Leocadio N, actualmente detenido y enfrentando cargos por el delito de extorsión.
La investigación está en curso, y hasta el momento, la autoridad continúa integrando la carpeta de investigación. Se anticipa que, durante la audiencia programada para marzo, se presentarán más datos y pruebas relacionadas con el caso. Provisionalmente, se ha dado a conocer que los abogados de Leocadio N buscan conseguir algún beneficio que permita al acusado enfrentar el proceso en libertad, la autoridad persigue la dirección opuesta en busca de asegurar la rendición de cuentas.
Posibilidades. Es importante destacar que, dentro de este proceso legal, las personas convocadas a las audiencias están siendo citadas para brindar sus declaraciones. En caso de no cumplir con esta convocatoria, podrían estar sujetas a multas económicas, e incluso se ha advertido sobre la posibilidad de recurrir al uso de la fuerza pública en caso de resistencia. Este caso subraya la complejidad de las situaciones legales y las tensiones que surgen en el ámbito sindical, evidenciando la necesidad de un abordaje cuidadoso y coordinado por parte de las autoridades para garantizar la justicia y la aplicación adecuada de la ley.
Leocadio Jr. no parece estar presente en la ciudad, generando incertidumbre sobre su paradero. Se ha informado que ha solicitado un amparo legal, lo que añade un elemento adicional de complejidad a la situación de cada región.
Este movimiento legal sugiere una estrategia por parte de Leocadio Jr. para resguardar sus derechos en medio del proceso legal en curso. La incertidumbre sobre su ubicación plantea desafíos adicionales para las autoridades, quienes deberán abordar esta situación con precaución y seguir los protocolos legales correspondientes para garantizar un proceso judicial justo y completo. Como se recordará, el delito de extorsión es uno que puede llevar hasta los 10 años de prisión según el código penal en el estado de Coahuila y los agravantes del caso en cuestión.
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