Samuel García deberá solicitar que el Congreso del Estado revoque la licencia que le concedió, a fin de que pueda ejercer nuevamente las funciones de gobernador legal y constitucionalmente, señalan panistas
Monterrey, NL.- Samuel García Sepúlveda deberá solicitar que el Congreso del Estado revoque la licencia que le concedió, a fin de que pueda ejercer nuevamente las funciones de gobernador legal y constitucionalmente, pues de continuar llevando a cabo acciones de gobierno basado en un acuerdo que firmó y publicó en el Periódico Oficial del Estado, podría incurrir en situaciones de desacato o usurpación de funciones, advirtió el presidente estatal del PAN, Hernán Salinas Wolberg.
El dirigente panista puntualizó que en este momento, Luis Enrique Orozco es, por resolución de la Suprema Corte y del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, el gobernador interino en funciones y Samuel García es gobernador con licencia.
“No es una interpretación de ningún partido, ni de ningún legislador, la licencia con vigencia a partir del dos de diciembre, sigue vigente, no puede el titular del Ejecutivo regresar a ejercer el cargo de manera legal y constitucional, sino hasta que naya determinación por el Congreso donde se revoque esa licencia”, puntualizó.
Agregó que hay un criterio que no es lo que opina Hernán Salinas o Samuel García, es la tesis de la Suprema Corte, 2013756 de 2017, la cual establece que la facultad de los congresos de otorgar una licencia a los gobernadores, no debe considerarse de manera limitativa, sino en forma extensiva bajo la premisa de que también comprende atribuciones relacionadas con ese tópico, entre otras, “determinar si procede o no la cancelación de la licencia que se concedió”.
Explicó que se trata de una tesis de 2017, con un criterio claro y muy puntual que estableció un tribunal colegiado y que se convirtió en tesis por parte de la SCJN. Por tanto, señaló, “hoy Luis Enrique Orozco Suárez es quien tiene las facultades legales y constitucionales para desempeñarse como gobernador interino”.
Samuel García detalló, si tiene derecho a reincorporarse al cargo, una vez que el Congreso avale la revocación de su licencia, “no le podemos negar el derecho a ejercer ese mandato que le dieron los electores por seis años, pero no opera en automático” reasumir la gubernatura.
“Entiendo que ya desde ayer, y hoy también va a tener un evento público. Esos actos son al margen de la ley, y de la Constitución lo que pudiera, y obviamente no me corresponde a mí, sino a las autoridades investigadoras analizar si se da alguna figura, delictiva, que de acuerdo a nuestro conocimiento del derecho serían usurpación de funciones, ejercicio indebido de funciones, entre otras; no me compete a mí calificarlo, pero evidentemente hoy Luis Enrique Orozco es quien detenta legal y constitucionalmente las facultades de gobernador”, comentó Hernán Salinas.
Expuso, sin embargo, que “ya los nuevoleoneses no queremos entrar más en el entramado legal que ha sumido al estado en las últimas semanas, en un completo desgobierno, y en una grave crisis institucional”.
Hay que estar a la espera de lo que el Congreso defina en los siguientes días, “y esperamos que el gobernador, cuando regrese a sus funciones ya legal y constitucionalmente con las atribuciones que se le confieran legalmente por parte del Congreso, lo haga en un ánimo conciliador de sumar al poder legislativo” en el ánimo de construir la gobernabilidad.
Lamentó, sin embargo, que todavía ayer en el mensaje que dirigió al Estado y a la Nación “nos acusó al PRI y al PAN, de negarle la posibilidad de su sueño de transformar México”, pues si tanto le preocupa Nuevo León, no debió abandonar el cargo.
Hay que recordar que regresa porque no quería que alguien ajeno a su círculo de confianza fuera gobernador interino, y eso abre una gran interrogante, ¿qué hay qué esconder, en el gobierno del estado, qué no quiere que los ciudadanos sepamos de sus manejos en los últimos dos años?
A pregunta expresa, dijo Salinas que si se investiga a Samuel por algún tema de desacato, corresponde a la Suprema Corte, y sobre temas penales las fiscalías competentes.
Comentó que se está analizando por parte del Congreso, que es la autoridad agraviada, al no permitir que Luis Enrique Orozco ejerza como gobernador interino, sobre posibles acciones legales.
El PAN, como partido, señaló, busca que se establezca con claridad el ejercicio del poder ejecutivo, pero ya habrá tiempo de posibles acciones, pues, lo que los nuevoleoneses quieren, es que todos los que detentan un cargo público se ocupen de los problemas del estado, que se le dé vuelta a la hora y dejar atrás este complicado episodio.
Lamentó que en los últimos días convoyes de patrullas de Fuerza Civil y tanquetas de fuerzas federales, circulan en los alrededores del Palacio de Gobierno, mientras el norte y sur del estado los grupos criminales hacen de las suyas.
“Lo más lamentable de lo que está pasando, es el desvío de recursos humanos y materiales para atender los caprichos de Samuel por encima de las necesidades de Nuevo León y así estuvo todo el gabinete enfocado en las últimas semanas en este proyecto presidencial”.
Finalmente expresó que si Samuel no quiere reunirse con los partidos está bien, pero está obligado a dialogar con el Congreso, y no minimizar su representación diciendo que él representa a 700 mil ciudadanos, mientras por el PAN y por el PRI son 26 personas, dejando de lado que los legisladores de ambos partidos recibieron 1.2 millones de votos, que le dieron a la oposición “una contundente mayoría” en la 76 legislatura, “y teníamos más, antes de que él nos robara diputados”.
