El ministro Alberto Pérez, dijo que estos juicios fueron promovidos por municipios gobernados por el PRI y el PAN, por que dicen vulneran su autonomía.
El ministro Alberto Pérez Dayán admitió a trámite otras 30 controversias constitucionales en contra de las reformas a las leyes generales de Comunicación Social y de Responsabilidades Administrativas, consideradas como la primera etapa del Plan B. En todos los casos se negó la suspensión del acto reclamado.
Estos juicios constitucionales fueron promovidos por municipios gobernados por el PAN y el PRI, que consideran que los cambios en dichas leyes vulneran su autonomía, al ordenar que no puedan destinar más del 0.1 por ciento de su presupuesto para gastos de comunicación social.
Niega medida cautelar. Aunque todos los municipios pidieron la suspensión del acto reclamado, Pérez Dayán les negó la medida cautelar al considerar que no hay ningún derecho humano vulnerado, que requiera la protección inmediata de la SCJN. “Una razón adicional para negar la suspensión solicitada, consiste en que la parte actora tampoco hace referencia a algún acto concreto, individualizado o particular de los preceptos cuestionados respecto del cual pudiera ser procedente la medida cautelar.
Suspensión de las disposiciones. “Sino que lo que efectivamente pretende es la suspensión de las disposiciones generales combatidas para que no se ejecuten; consecuentemente, sin prejuzgar respecto del fondo del asunto, no es de concederse la medida cautelar solicitada”, explicó el ministro. El Ministro Pérez Dayán negó otorgar la suspensión solicitada a los municipios, debido a que combaten normas generales y no se actualiza la excepción establecida por la Corte, la cual consiste en que la suspensión puede otorgarse siempre y cuando impliquen o puedan implicar la transgresión irreversible de algún derecho humano. Desde el pasado 02 de marzo la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) admitió a trámite las controversias constitucionales promovidas por el Instituto Nacional Electoral (INE) y el municipio de Chihuahua contra la primera etapa del plan B, el ministro Alberto Pérez Dayán negó otorgar la suspensión solicitada por el ayuntamiento.
Siete acciones. Estos casos se suman a las siete acciones de inconstitucionalidad recién admitidas del mismo tema, y quedan pendientes otras 123 de gobiernos municipales y estatales. El INE denuncia la presunta invasión de sus facultades legales al modificar los protocolos para el gasto público en propaganda, incluso durante tiempos electorales. “El promovente de la controversia sostiene que el decreto por el que se reforman, adicionan y derogan disposiciones de la Ley General de Comunicación Social y de la Ley General de Responsabilidades Administrativas, en las porciones normativas que destaca, vulnera las disposiciones 1, 6, 7, 35, 41 y 134 de la Constitución federal; así como producen una violación directa a las funciones que, como órgano constitucional autónomo, le confiere el texto constitucional; esto es, que el decreto combatido obstaculiza la función que realiza con fundamento en los artículos 41 y 134 constitucionales como garante, entre otros principios, de la equidad en la contienda electoral, en donde la comunicación social y la propaganda gubernamental tienen una importante incidencia”, señala el acuerdo que admitió la denuncia del INE. Esta fue la primera controversia contra el plan B que es admitida a trámite, de más de 100 similares que gobiernos estatales y municipales y partidos presentados ante la SCJN.
