Insabi; la historia de retrocesos y simulaciones presupuestarias
Se dispararon las salidas trimestrales de dinero del Fonsabi, lo cual ocasionó que hoy tenga 30% menos recursos de los que había en 2018.
Los tres años de vida del Instituto de Salud para el Bienestar (Insabi) exponen una historia de retrocesos y simulaciones en materia del presupuesto destinado a atender con servicios de salud a la población mexicana sin afiliación a instituciones de seguridad social. Bajó la cantidad de recursos asignados a ese rubro, se dispararon las salidas trimestrales de dinero del Fondo de Salud para el Bienestar (Fonsabi); lo cual ocasionó que hoy tenga 30% menos recursos de los que había en 2018. El subsidio a consultas de ese instrumento financiero bajó 97.24% y menos del 5% de los gastos del Fondo se han dedicado a la atención de enfermedades catastróficas y construcción de infraestructura. Todo ello enmarcado en una estrategia de franca simulación en el gasto, exponen especialistas.
Creado por decreto presidencial el 29 de noviembre de 2019 y extinguido por el Congreso de la Unión en abril pasado (falta se oficialice mediante publicación en el Diario Oficial de la Federación), el Insabi tuvo como objetivo remplazar a la Comisión Nacional de Protección Social en Salud, mejor conocida como Seguro Popular, el programa de política pública implementado por el presidente Vicente Fox en 2003, para brindar protección financiera a la población que carece de seguridad social, con el objetivo de garantizar su acceso a servicios de salud. Además de los recursos que venían directamente del presupuesto, el Seguro Popular se apoyaba en el Fideicomiso del Sistema de Protección Social, constituido el 16 de noviembre de 2004 con el propósito de “crear un mecanismo ágil y transparente que permita al Gobierno Federal la aplicación de recursos para apoyar económicamente los tratamientos y medicamentos asociados a los mismos, que se consideren gastos catastróficos que sufran principalmente los beneficiarios del Sistema de Protección Social en Salud”, según lo establece el contrato de fideicomiso de Banobras que le dio origen. Con esos recursos, el Seguro Popular tenía la misión de atender 66 intervenciones o enfermedades de alto costo o que provocan gastos catastróficos; impulsar el financiamiento de infraestructura en entidades federativas con mayor marginación social y cubrir imprevistos en la demanda de servicios de salud.
Judith Senyacen Méndez Méndez, Directora Adjunta de Investigación y especialista en salud y finanzas públicas del Centro de Investigación Económica y Presupuestaria (CIEP), destacó que lo relevante es saber cuánto presupuesto se destinaba para atender a la población mexicana que no cuenta con seguridad social, en el que el Seguro Popular y luego el Insabi tuvieron una tarea destacada. Explicó que, si se analizan las asignaciones en los diferentes programas presupuestarios destinados a atender a ese sector de la población, tanto en el sexenio pasado como en el actual, se observa que en los últimos años bajó En 2016, cuando se destinó la cantidad mayor, la suma de los recursos para el Seguro Popular, Seguro Médico Siglo XXI y Prospera (en el apartado de Salud) y FASSA, fue de 257,746 millones de pesos, que representó 1.28% del PIB nacional. Para 2018, el último de la administración del presidente Enrique Peña Nieto, la cifra se situó en 241,562 millones de pesos, es decir 1.03% del PIB.
Para 2020, que es cuando se tuvo la pandemia de Covid-19 y bajó el PIB, y donde, ya desaparecido el Seguro Popular por decisión del presidente Andrés Manuel López Obrador, se incluye el presupuesto del Insabi, Actividades de Apoyo Administrativo, Atención a la Salud y Medicamentos Gratuitos para la Población sin Seguridad Laboral, así como los del programa de Fortalecimiento a la Atención Médica y AFASSA, sumaron 271,144 millones de pesos, es decir 1.16% del PIB. Para 2023 la suma es de 253,409 millones de pesos, que equivalen a 0.81 por ciento. Las cifras exponen una caída en la cantidad de recursos asignados a ese fin, particularmente en 2022 y 2023, donde la suma ya no alcanza siquiera el 1% del PIB.
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