Guardia Nacional construye cuartel sobre predio en litigio en Tlaxcala

Guardia Nacional construye cuartel sobre predio en litigio en Tlaxcala
Redacción / El Tiempo de Monclova

El pasado 18 de enero, la gobernadora Lorena Cuéllar dio el banderazo oficial de inicio de la construcción del cuartel militar, que implica una inversión, con presupuesto federal, de 275 mdp que erogará directamente la Sedena

Tlaxcala.- La Guardia Nacional, con presupuesto de la Sedena, inició la construcción del edificio que será sede de la Coordinación Estatal en Tlaxcala, en un predio que legalmente es propiedad de la Asociación Civil Guillermo Rodríguez Mendieta, la cual mantienen un litigio para reclamar el inmueble.

A pesar de que el terreno está en disputa y ya existe una sentencia a favor de la asociación que lo reclama, el Gobierno municipal de Teolocholco, con respaldo del Gobierno estatal, lo donó a la GN.

El pasado 18 de enero, la gobernadora Lorena Cuéllar Cisneros, acompañada por autoridades estatales y federales, dio el banderazo oficial de inicio de la construcción del cuartel militar, que implica una inversión, con presupuesto federal, de 275 millones de pesos que erogará directamente la Sedena.

Al respecto, pobladores del barrio Tecahuayola, del municipio de San Luis Teolocholco, donde se ubica el inmueble, lo calificaron como un abuso de autoridad y del poder público porque, sin tener la propiedad legalmente reconocida, las autoridades donaron el terreno, mientras que la GN ya construye en él.

“Es un abuso total de nuestro presidente y un abuso total de la Guardia Nacional, pero más del presidente porque él es el responsable, el que debe salvaguardar las propiedades que él está gobernando. ¿Cómo es posible que se pone la primera piedra en un lugar que se está litigando?, se ha hecho mucho abuso de las propiedades que tiene nuestro barrio”, apuntó Evelia Pérez Moreno, representante de la asociación civil Guillermo Rodríguez Mendieta.

Detalló que la asociación representa a toda la comunidad del barrio Tecahuayola y a través de esta administran los bienes públicos que posee. Fue así como en 2014 los lugareños donaron, al Gobierno municipal, el predio de cuatro hectáreas para que construyera un hospital, pero como no cumplió con el acuerdo, asentado por escrito y con clausulas, los pobladores, como legítimos propietarios, empezaron el proceso legal para recuperar la propiedad.

El 27 de enero de 2022, la jueza Beatriz Eugenia Hernández Bello, del Juzgado de lo Civil del Distrito Judicial de Zaragoza, dictó una sentencia definitiva a favor la asociación civil, en respuesta al juicio con el expediente 768/2016.

El alcalde Rodrigo Cuahutle Salazar y la síndico Amada Espinoza, de la actual administración municipal, interpusieron un recurso de apelación que fue resuelto en agosto de 2022 con la confirmación de la sentencia a favor de la organización y en contra de ello.

Aun con el resolutivo que no favorece a las autoridades municipales, éstas donaron el terreno a la GN donde ya existen los muros de lo que será un edificio, mientras que maquinaria pesada realiza remoción de tierra.

Pérez Moreno recordó que, en 2014, cuando la comunidad había donado el inmueble, firmaron una cláusula que decía que si en 18 meses no se construía un hospital, la tierra tenía que ser devuelta a los donantes por ser los propietarios originales.

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“Total que nos han llevado ya tres administraciones, hasta ahorita que este señor Rodrigo, presidente municipal, se atreve a donar nuestro terreno para la construcción de la Guardia Nacional”, puntualizó.

“No nos dieron ni un quinto, porque se donaron de buena voluntad para la construcción del hospital, pero ahorita resulta que tenemos nuestra propiedad en litigio y pudieron donarla a la Guardia Nacional”, agregó.

La abogada, representante de la localidad, aclaró que no se oponen a que la GN construya su cuartel, pero sí rechazan el abuso de autoridad del Gobierno municipal y del estatal, que pasaron sobre la comunidad propietaria para entregar el inmueble a una corporación federal.

Sostuvo que se trata de un “despojo” que agravia a una localidad que posee los documentos oficiales y legales para acreditar la propiedad.

“Todas estas propiedades son del barrio, esto es un despojo, y yo espero que el presidente de la república escuche nuestra petición”, acotó.

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