Teresa Meraz, diputada por Morena, pidió no utilizar los procedimientos pendientes por actos delictivos contra exfuncionarios públicos con fines políticos.
Saltillo, Coah. – La diputada local Teresa Meraz García, de Morena, exhortó al Estado a no utilizar los procedimientos por actos delictivos contra exfuncionarios públicos con fines políticos; y advirtió que sería muy grave que el Gobierno actual estuviera utilizando las instituciones como arma política.
Lo anterior fue manifestado por la legisladora a través de redes sociales, luego de las órdenes de aprehensión de los exalcaldes morenistas de Monclova y Parras. Señaló que se muestra una desigualdad jurídica, pero sobre todo un uso del poder de manera arbitraria.
Incluso interpuso un punto de acuerdo en el Congreso del Estado al respecto, con el fin de exhortar al Ejecutivo del Estado a que “no utilice los procedimientos pendientes por actos delictivos contra exfuncionarios públicos con fines políticos”.
Después de fincar su sospecha en que cuando empieza un proceso electoral “el ambiente político empieza a subir de tono y con ello los ataques políticos entre las distintas fuerzas políticas con el afán de lograr el triunfo electoral”, Meraz pidió no dar “lugar a perspicacias con el actuar de nuestras autoridades porque sería muy grave que se utilizaran las instituciones como un arma política”.
Pues relacionó la efervescencia política electoral con el reciente cumplimento dos órdenes de aprehensión a dos exalcaldes, uno de Monclova y el otro de Parras, por parte de la Fiscalía General del Estado “justo hasta que dio inicio el proceso electoral, hecho que trascendió en los medios de comunicación”.
Más adelante en su video, la diputada local por Morena indicó que varias veces ha solicitado al Legislativo proceder al encarcelamiento de una exalcaldesa y exalcalde de Viesca, connotados priistas, por irregularidades administrativas detectadas en sus gestiones.
“Sin embargo, no fueron liberadas las órdenes de aprehensión para ambas personas porque seguramente pertenecen al partido en el gobierno, sin lugar a duda, una desigualdad jurídica en toda su expresión, pero sobre todo un uso de poder de manera arbitraria”, agregó.
Respecto de los expresidentes municipales de dicho municipio lagunero, de acuerdo con datos que aportó la diputada, a Nadia Jaramillo Rodríguez la ASE le fincó responsabilidad en irregularidades administrativas por 15.2 millones de pesos en 2019; mientras que a Óscar Jaramillo Muruaga la ASE lo denunció pro presuntos desvíos por el orden de los 6.6 millones de pesos en 2018.
