Lamenta que los trabajos del mecanismo están paralizados, lo que ha impedido el avance en las negociaciones para el ingreso de nuevos miembros de la región a la Alianza
El presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador, "ha politizado a la Alianza del Pacífico, con el único fin de debilitarla", afirma el gobierno peruano.
En un comunicado, el Ministerio de Relaciones Exteriores de la nación andina recuerda que "el traspaso de la presidencia pro tempore "de la Alianza del Pacífico al Perú no es una concesión, es una obligación contenida en un tratado que vincula a los cuatro países que integran la Alianza".
El gobierno peruano lamenta que "el Presidente de los Estados Unidos Mexicanos se niega a cumplir con la obligación que vincula a su Estado de transferir la PPT al Perú, porque ha decidido apoyar el golpe de Estado del entonces Presidente Pedro Castillo, transmitido en vivo en su mensaje a la nación del 7 de diciembre de 2022, y subsecuentemente cuestionar el proceso constitucional que condujo a la toma de posesión de la Presidenta de la República, señora Dina Boluarte".
Señala, en el comunicado, que "a pesar de que el gobierno mexicano ha continuado ejerciendo la PPT de facto, los trabajos del mecanismo están paralizados, producto de la politización de la que está siendo objeto por primera vez en su historia. Esta situación ha impedido el avance en las negociaciones para el ingreso de nuevos miembros de la región a la Alianza del Pacífico".
Además, "reitera su rechazo a los actos de injerencia del Presidente de México en su proceso político interno, y su pleno compromiso con la democracia y los derechos humanos".
Concluye: "El Gobierno del Perú reafirma que el traspaso de la PPT de la Alianza del Pacífico debe darse en cumplimiento de las obligaciones de Derecho Internacional contenidas en el Acuerdo Marco. Reiteramos nuestro reconocimiento al Consejo Empresarial de la Alianza del Pacifico (CEAP), socio fundamental del proceso, que con sentido de responsabilidad y de respeto a la institucionalidad de la AP ha transferido su Presidencia al Perú, asegurando la continuidad de sus labores en beneficio de los pueblos de la Alianza del Pacífico".
López Obrador consultará con países de América Latina
López Obrador dijo el viernes que consultará con países de América Latina en el Grupo de Río si entrega la presidencia de la Alianza del Pacífico a Perú, al calificar de "espurio" al gobierno de ese país.
"Le voy a dar instrucciones al secretario de Relaciones Exteriores que le notifique a los miembros del Grupo de Río qué hacemos, porque yo no quiero entregar a un gobierno que considero espurio. Que decidan los miembros del Grupo de Río", dijo el mandatario durante su habitual rueda de prensa matutina.
"Lo vamos a notificar, a informar, para ver cuál es la opinión que tienen. Si ellos dicen 'entreguen la presidencia' lo hacemos, pero sí voy a hacer la consulta porque además yo no quiero legitimar un golpe de Estado", añadió.
El Grupo de Río es un mecanismo regional permanente de consulta y concertación política que, además de México y Perú, incluye a Brasil, Argentina, Colombia, Panamá, Uruguay y Venezuela.
El miércoles, la presidenta Boluarte afirmó que México se niega a entregarle la jefatura de la Alianza del Pacífico porque López Obrador sigue apoyando al encarcelado expresidente Castillo.
Perú "debió asumir en enero la presidencia pro tempore" del bloque, pero ello no ocurrió debido a "esta situación política (en la) que el presidente de México está perjudicando a los pueblos que comprenden la Alianza del Pacífico", conformada también por Chile y Colombia.
López Obrador ha expresado su apoyo al expresidente Castillo, quien el pasado 7 de diciembre, cuando estaba a punto de enfrentar una votación de destitución por el Congreso, anunció que disolvía el Parlamento y que gobernaría por decreto.
Pocas horas después, el Congreso lo destituyó y designó a Boluarte, entonces vicepresidenta, como mandataria constitucional.
Castillo fue detenido cuando intentaba llegar a la embajada de México, y un juez le dictó prisión preventiva de 18 meses por rebelión.
La destitución del expresidente desató una ola de protestas que han dejado al menos 48 muertos por la represión policial. Los manifestantes exigen la renuncia de Boluarte y nuevas elecciones generales.
Congreso aprueba acusar a expresidente Castillo
Este viernes, el Congreso peruano aprobó acusar al expresidente Castillo y dos de sus ministros por presunta corrupción y lavado de activos, lo que habilita a la Fiscalía a actuar penalmente contra el exmandatario.
La tesis de la fiscalía es que el exmandatario dirigía una red de corrupción, de lavado de activos y de concesión de contratos de obras públicas integrada por su entorno familiar y político.
Los exministros de Transporte, Juan Silva, y de Vivienda, Geiner Alvarado, también fueron señalados por la votación del Congreso.
Durante el debate, las bancadas de izquierda defendieron el papel de Castillo, alegando que se le acusaba en un proceso sin evidencias.
El propio Castillo, invitado a comparecer por videoconferencia ante el pleno del Congreso para ejercer su derecho a la defensa, solicitó que su presentación fuese en persona, lo que fue desestimado por el Parlamento.
El exmandatario se encuentra detenido en una cárcel de Lima desde el 7 de diciembre, acusado de rebelión, luego de que intentó disolver el Congreso y gobernar por decreto. Tras ello, el Legislativo lo destituyó y designó a Dina Boluarte, vicepresidenta de Castillo, como mandataria.
