Gobierno busca callar a Lozoya para proteger políticos

Reducen opciones para Emilio Lozoya en caso Odebrecht que dificultan su libertad, por otros intereses.

El exdirector de Petróleos Mexicanos (Pemex), Emilio Lozoya, señalado por operaciones con recursos de procedencia ilícita y los casos de Odebrecht y la planta de Agronitrogenados, tendrá que defenderse en los Tribunales, afirmó el abogado Miguel Ontiveros. 

Resaltó que el punto nuclear es silenciar a Emilio Lozoya y que pareciera que el gobierno quiere proteger a funcionarios y legisladores del pasado, por lo que buscan el silencio del exdirector de Pemex.  “Esta no es una cuestión de dinero. Es una cuestión de interés político: quieren que Emilio se mantenga en prisión y que ya no hable. 

Protección.  Las personas por él denunciadas son poderosas y están cerca de lograr su objetivo: callar a Lozoya y alcanzar la impunidad”, señaló en la entrevista. “Eso explicaría la exigencia de una reparación del daño absolutamente impagable: ¿quién tiene 500 millones de pesos? Es decir: 30 millones de dólares resulta una condición que no se puede cumplir, luego, te quedas en prisión. Todo esto, contrario a lo que se pidió por escrito ante el Juez de la causa”, reiteró.

Incongruencia.  “¿Si la UIF considera que el daño es de 30 millones de dólares, por qué no lo dijo desde un principio? Para decirlo más claro: en enero de 2022 la UIF acusó a Emilio en armonía con Pemex, por 10.7 millones de dólares”, cuestionó.

El litigante señaló que a Lozoya “lo traicionaron sus amigos, testigos de los hechos que trabajaban con él, se acobardaron y se escondieron, lo traicionaron sus abogados, y ahora él se pregunta ¿también el gobierno? Lo que sigue para Emilio Lozoya es que se tendrá que defender ante los Tribunales. Ya no hay otra opción”.   Ontiveros consideró que pareciera que el caso Lozoya está siendo reducido a un tema de dinero, luego de que la petrolera y la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), incrementaran el monto de reparación de daño de 10.7 millones de dólares a 30 millones de dólares.  Los litigantes insistieron que hay intereses políticos por los que buscan silenciar a su cliente.

Consideró que los procesos han avanzado y desafortunadamente, a pesar de haberse allanado al juicio de extradición, haber confiado en el sistema de justicia penal de México y cooperado con las instituciones del Estado, así como aportar pruebas de sus afirmaciones, su cliente fue enviado a prisión.  El litigante dijo que es el único caso que conocen, a escala mundial, en el que quien en su calidad de testigo colaborador denuncia, se le priva de la libertad y se le mantiene en la cárcel. Recordó que más de un año después aumentó la cifra de reparación del daño con datos insostenibles: un supuesto soborno de 8.4 millones de dólares a Lozoya, dato que es desconocido para las autoridades, así como para la defensa y que no obra en ningún expediente ni carpeta de investigación. “¿De dónde sacaron eso? Más tarde, la UIF, en el mismo comunicado, intentó justificar su dicho aludiendo a dos casos que ni siquiera son casos penales. Me refiero a los de Tula II y Salamanca. Ninguno de estos rubros está vinculado con Lozoya Austin. Ni siquiera están mencionados en la carpeta de investigación.

“Finalmente, en relación con Tula I, la propia autoridad dijo en audiencia pública que dicho contrato fue ejecutado de manera absolutamente correcta. Entonces, ¿dónde está el delito? En realidad, llama la atención que la UIF opine sobre temas de ingeniería petrolera, construcción, daños en proyectos industriales. Ésta, en realidad, es una tarea pericial y de auditoría que ya llevó a cabo la FGR y cuyas conclusiones ya conocemos: 10.7 millones dólares”, subrayó. El abogado señaló que, en enero de 2022, la UIF solicitó a Lozoya, junto con Pemex 10.7 millones de dólares por reparación del daño y en la audiencia pasada se preguntó a las instituciones cuál era el fundamento para incrementar el monto, de 10.7 a 30 millones de dólares.
“Dijo era decisión institucional".

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