Son más de 40 centros de rehabilitación para adicción los que se contabilizaron en todo el estado y se tienen que despejar irregularidades.
Al asegurar que existen entre 30 a 40 centros de rehabilitación en todo Coahuila, el fiscal general del Estado, Gerardo Márquez Guevara adelantó que se realizará una supervisión conjunta con otras autoridades para ver que estos lugares cumplan con los reglamentos y permisos para operar.
Márquez Guevara precisó además que se tiene un proyecto para sumar solo a los anexos que están certificados dentro del Tribunal para las adicciones, y poder remitir ahí a quienes deben someterse a un tratamiento.
Comentó que se han clausurado dos anexos, uno de estos en Torreón, dentro de los operativos realizados el año pasado, y aceptó que se cuenta con cinco o seis denuncias de otros anexos por parte de familiares por la mala atención en estos lugares.
Coordinación. Por eso, el fiscal general de Coahuila resaltó la importancia de hacer supervisiones conjuntas con todos los que tienen que ver en el control de estos centros, ya que recordó que el año pasado se hicieron de manera conjunta con la Fiscalía, la Secretaría de Salud, Protección Civil y otras dependencias municipales.
“Estamos haciendo la lista o relación para supervisarlos a todos, debe haber 30 o 40 en todo el estado, pero el operativo ya debe ser entre hoy y mañana para poder desplegarlos”, señaló Márquez Guevara.
Homicidios. Lo anterior se da en relación al asesinato de un interno de un anexo de Ramos Arizpe ocurrido el pasado lunes, donde a decir del fiscal Márquez Guevara, los resultados de la necropsia arrojaron muerte a causa de los golpes que sufrió al interior del centro de rehabilitación.
“Tenemos un proyecto de salud principalmente del Ayuntamiento de Saltillo, del Poder Judicial; todo va entorno de los juzgados especializados que deben de abrirse, pero para ese propósito deberemos tener algunos anexos calificados, para remitir a los que vamos a sancionar para un tratamiento más allá de una prisión preventiva”, señaló.
Acciones. Por eso, el fiscal general del Estado reiteró la urgencia de ir supervisando estos centros y descartar a los que no cuentan con los requisitos legales para aplicarles las sanciones correspondientes y que corrijan su estatus.
Esto con la finalidad de que este tipo de centros cumplan con el objetivo para lo que fueron creados y que al mismo tiempo las familias tengan la seguridad de que su gente se encuentra bien.
