FGR arremete contra juez que exoneró a Rosario Robles; 'su actuación es un acto de injusticia, inaudito', revira
La fiscalía señaló que se trata de una violación flagrante a las pruebas que la señalan como responsable del desvío de más de 5 mil millones de pesos y el uso indebido del servicio público
La Fiscalía General de la República (FGR) enfiló nuevamente este sábado sus baterías contra el juez de control Roberto Omar Paredes Gorostieta, quien el viernes absolvió a Rosario Robles Berlanga del caso de la “Estafa Maestra”.
A través de una dura tarjeta informativa, la institución encabezada por el recién reaparecido fiscal, Alejandro Gertz Manero, calificó la decisión, que el mismo juzgador, recién adscrito al Centro de Justicia Federal del Reclusorio Sur, aclaró que no era definitiva, como un “acto de injusticia inaudito”, que “carece de fundamento”.
Además, la FGR aseguró que el sobreseimiento en forma total de la causa penal contra Robles Berlanga, por el delito de uso indebido del servicio público, relacionado con la omisión en el desvió de más de 5 mil millones de pesos, “es una violación flagrante” a todas las pruebas que la señalan como responsable.
Por lo que, arremetió, “declarar que eso no constituye delito”, es “algo absurdo e inaceptable, ya que dicha afirmación no está sustentada, ni fundamentada en los hechos, ni en las leyes, ni en las pruebas”.
Asimismo, señaló que dicho juez utilizó dolosamente una legislación que no es aplicable penalmente, para violentar la ley y las constancias que existen en los expedientes penales respectivos, al contrariar lo que señala la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria en su artículo 118, que establece las responsabilidades administrativas de las penales.
Por lo anterior, la Fiscalía General de la República (FGR) afirmó que se ve obligada a iniciar un procedimiento penal inmediato contra el juez de control, Roberto Omar Paredes Gorostieta, ya que no “puede omitir su responsabilidad de perseguir la comisión de un presunto delito contra la administración de justicia (art. 225, fracción VI, del propio Código Penal Federal)”.
Indicó que todas las pruebas acumuladas por los fiscales durante el juicio, en el que se imputó a la exjefa de gobierno del entonces Distrito Federal, el delito de uso indebido del servicio público, señalan con absoluta claridad su responsabilidad.
Refirió que la llamada “Estafa Maestra” es uno de los casos más escandalosos de corrupción y de daño patrimonial para el país, que hasta este momento, la cantidad saqueada supera los 5 mil millones de pesos y existen 24 casos penales federales en donde están involucradas más de 50 personas, en averiguaciones previas y en carpetas de investigación, todas ellas de carácter penal, que han sido judicializadas en su momento.
“La afectación al patrimonio nacional ha quedado evidenciada en todos esos juicios, principalmente en el caso de ROSARIO “R”, a quien se le imputó el delito de ejercicio indebido de servicio público, previsto en el artículo 214, fracción III, del Código Penal Federal; ya que dicha persona, como titular de las áreas involucradas, supo de los delitos ya señalados y existen pruebas abundantes al respecto; y no avisó por escrito a su superior jerárquico, ni impidió, ni evitó ese saqueo, estando dentro de sus obligaciones hacerlo; lo cual generó un enorme daño patrimonial de recursos que deberían de haber ido a los sectores más necesitados del país y que fueron saqueados de una manera dolosa y abusiva”.
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