Exhorta PRI a fiscalías estatales a brindar protección especial a familiares de personas desaparecidas

Precisó que conforme a la Ley General en Materia de Desaparición, las autoridades involucradas y la Comisión Nacional de Búsqueda tienen la obligación de organizar estos grupos para realizar las labores de localización en campo, mientras corresponde a las instituciones de seguridad pública coadyuvar y proteger a quienes llevan a cabo estas acciones.

Sin embargo, indicó, los colectivos activistas alegan que no han tenido la atención por parte de las autoridades responsables y no hacen uso de las herramientas forenses necesarias proporcionadas y distribuidas por la Comisión Nacional de Búsqueda.

Además, subrayó, las mujeres que integran estos grupos civiles han manifestado su interés de trabajar de manera coordinada con las fiscalías generales especializadas, con una rotunda respuesta negativa a cooperar.

Carvajal Isunza señaló que esta situación es preocupante, especialmente cuando en el último bimestre de 2022 se dio a conocer el asesinato de cinco madres de familia buscadoras en diferentes entidades de la República.

Recalcó que esto solo motiva que las y los integrantes de estos colectivos vivan con el pánico permanente de ser asesinados luchando por el acceso a la justicia. Señaló que, desde que comenzó el seguimiento de este tipo de delitos en 2010, al menos quince madres buscadoras han sido asesinadas, de las cuales, siete han sido en el actual sexenio.