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EU sanciona a otras 11 personas por socavar la democracia y el Estado de derecho en Guatemala

EU sanciona a otras 11 personas por socavar la democracia y el Estado de derecho en Guatemala
El Universal / El Tiempo Monclova
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Portavoz del Departamento estadounidense de Estado agrega que se "eleva a 25 el total de restricciones de visas impuestas recientemente bajo esta autoridad"

Estados Unidos sancionó a otras 11 personas por sovacar la democracia y el Estado de derecho en Guatemala.

Matthew Miller, portavoz del Departamento estadounidense de Estado, indicó en un comunicado que "Estados Unidos apoya a quienes buscan salvaguardar la democracia y el Estado de derecho en Guatemala".

Agregó que se "eleva a 25 el total de restricciones de visas impuestas recientemente bajo esta autoridad, y Estados Unidos continuará tomando medidas para imponer tales restricciones a personas adicionales que continúan socavando la democracia de Guatemala".

Detalló que la medida se toma con base en "la Sección 212(a)(3)(C) de la Ley de Inmigración y Nacionalidad (...) para imponer restricciones de visa a 11 personas por socavar la democracia y el Estado de derecho".

Declaró que "Estados Unidos rechaza inequívocamente los continuos y descarados intentos de socavar la transición pacífica del poder en Guatemala al presidente electo Bernardo Arévalo. Esto incluye los planes de funcionarios del Ministerio Público de presentar cargos contra el presidente electo Arévalo y la vicepresidenta electa (Karin) Herrera, así como contra miembros del partido Semilla y otros miembros de la oposición. También condenamos las redadas y detenciones por motivos políticos contra miembros del partido Semilla".

Mencionó que "estos repetidos y atroces actos antidemocráticos socavan las instituciones democráticas de Guatemala y amenazan la estabilidad de Guatemala y de la región en su conjunto. Nos sumamos a la Organización de Estados Americanos para pedir una transferencia de poder que respete la voluntad popular, sea consistente con la Carta Democrática Interamericana y se adhiera al Estado de derecho en Guatemala. El pueblo guatemalteco ha hablado. Sus voces deben ser respetadas".

Antes, el secretario adjunto del Departamento de Estado para América Latina, Brian Nichols, había amagado al decir: "Estamos dispuestos a usar todas nuestras herramientas para combatir ese ataque a la democracia en Guatemala, incluyendo sanciones económicas, sectoriales o de visas".

El representante estadounidense se mostró, sin embargo, confiado en que Arévalo de León se desempeñará como presidente del país centroamericano porque "las personas que están tratando de impedir la transición democrática van a fracasar".

Fiscalía pedirá retirar la inmunidad

Las declaraciones llegan el mismo día que la Fiscalía de Guatemala afirmó que pedirá la retirada de la inmunidad para Arévalo, así como para la vicepresidenta electa por un supuesto caso de daños contra el patrimonio de la universidad estatal.

La Fiscalía los acusa de los delitos de usurpación de forma agravada, depredación de bienes culturales y asociación ilícita tras participar en la toma del campus universitario en 2022.

El Ministerio Público guatemalteco ha interferido en las elecciones de este año, ganadas por Arévalo de León, y ha intentado suspender jurídicamente al Movimiento Semilla.

El propio gobierno de Estados Unidos y la Organización de los Estados Americanos (OEA) han condenado la intervención judicial de la Fiscalía contra los comicios por considerar que es un atentado contra la voluntad popular.

Por su parte, Arévalo de León ha denunciado públicamente desde el 1 de septiembre que la fiscal general, Consuelo Porras, encabeza un intento de "golpe de Estado" para evitar que tome posesión de la presidencia el próximo 14 de enero.

El triunfo de Arévalo de León en las urnas tuvo lugar en agosto en un balotaje donde superó a la ex primera dama Sandra Torres, quien nunca aceptó públicamente su derrota.

Esto desembocó en multitudinarias manifestaciones en la calles de Ciudad de Guatemala, donde aún una decena de personas indígenas mantienen protestas contra la sede de la Fiscalía que se han prolongado 46 días.

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