El Secretario de Educación Pública, señaló las fallas que se cometieron con la elaboración y publicación de los textos de la nueva reforma educativa, que impiden su distribución.
El secretario de educación de Coahuila, Francisco Saracho Navarro, explica que el gobierno estatal no está de acuerdo con el procedimiento que se utilizó para reformar los libros de texto de la SEP. En particular, argumenta que el procedimiento fue anticonstitucional porque:
No se consultó a los estados, ni a las asociaciones de padres de familia, ni a expertos, No se publicó un plan y programa de estudios antes de editar los libros, No se capacitaron a los maestros.
Saracho Navarro también señala que los cambios educativos deben ser graduales, y que los nuevos libros de texto de la SEP se implementaron de forma repentina, afectando a todos los grados de primaria y secundaria.
Como resultado de estas preocupaciones, el gobierno de Coahuila presentó una controversia constitucional contra la SEP, y un amparo contra la distribución de los libros. En ambos casos, los tribunales fallaron a favor de Coahuila, por lo que los libros de texto de la SEP no se distribuirán en la entidad este año escolar.
Los argumentos de Saracho Navarro son válidos. El procedimiento utilizado por la SEP para reformar los libros de texto fue claramente defectuoso. La Constitución mexicana establece que la educación es un derecho público y laica, y que el Estado debe garantizar el derecho de los padres a participar en la educación de sus hijos. El procedimiento de la SEP ignoró estos principios al no consultar a los estados, las asociaciones de padres de familia y los expertos.
La implementación repentina de los nuevos libros de texto también es problemática. Los maestros necesitan tiempo para familiarizarse con los nuevos materiales, y los estudiantes necesitan tiempo para adaptarse a ellos. La repentina implementación de los libros de texto de la SEP puede causar confusión y afectar el aprendizaje de los estudiantes.
La decisión de los tribunales de Coahuila es una victoria para la democracia y la educación. Es importante que los gobiernos consulten a las partes interesadas y sigan los procedimientos adecuados al implementar reformas educativas.
