En un clima de tensión creciente, en el que además de detonarse protestas, se ha polarizado el conflicto y se ha desdibujado la línea entre Poderes, la Cámara de Diputados aprobó la extinción de 13 fideicomisos por cerca de 15 mil millones de pesos al Poder Judicial.
La medida que, según el presidente Andrés Manuel López Obrador, permitirá ahorrar recursos para patrocinar becas, por ejemplo, tiene como objetivo, en palabras del mismo mandatario, el terminar con los lujos y privilegios de los más altos funcionarios.
No obstante, la extinción de fideicomisos se da cuando AMLO ha encabezado una propuesta de reforma constitucional que busca cambiar el proceso de elección de jueces, magistrados y ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).
Y surge también cuando la tensión entre López Obrador y la Suprema Corte ha alcanzado niveles críticos.
El conflicto se ha centrado en una serie de reformas propuestas por el presidente, que han sido bloqueadas o invalidadas por la SCJN. Uno de los puntos más controversiales ha sido la militarización del país a través de la Guardia Nacional, una medida que la Corte ha frenado, generando descontento en el Ejecutivo.
Este conflicto no es nuevo y se ha intensificado desde la llegada de la ministra Norma Piña a la presidencia de la SCJN en enero de 2023.
El presidente López Obrador ha atacado al Poder Judicial Federal desde sus conferencias matutinas, mientras que los congresistas de su partido, Morena, han amenazado con juicio político a los ministros y ministras de la Corte. Además, ha habido manifestaciones, algunas de las cuales se han vuelto violentas y han buscado la supuesta clausura de la Corte.
El argumento principal detrás de estos ataques es que el “obradorismo” representa la voluntad del pueblo mexicano, y por lo tanto, los jueces de la SCJN, que no son elegidos directamente por el pueblo, carecen de legitimidad. Esto plantea una pregunta fundamental sobre la independencia del Poder Judicial y la relación entre el Poder Ejecutivo y el Judicial en una democracia.
López Obrador, en su quinto informe de Gobierno, anunció su propuesta de reforma constitucional que busca cambiar la forma en que se eligen los jueces, magistrados y ministros de la SCJN. Propone que sean electos directamente por el pueblo en lugar de ser designados por “la élite del poder económico y político”. Según él, esta reforma es necesaria para eliminar la corrupción y los conflictos de interés en el Poder Judicial.
Sin embargo, esta propuesta ha generado controversia, ya que algunos argumentan que podría debilitar la independencia judicial y politizar la elección de jueces. La historia, tanto en México como en otros países, muestra que la independencia del Poder Judicial es fundamental para la democracia y la protección de los derechos individuales.
Esos hechos, por supuesto, no son compatibles con un gobierno que frena las soberanías adicionales y las concentra en una sola figura. Por tanto, como dijo esa misma figura, es tiempo de hablar sin máscaras: a nadie debe engañarse, eliminar los fideicomisos al Poder Judicial no es solo una cuestión monetaria, es castigar la libertad. La historia reciente, la aprobación al mismo tiempo de fideicomisos para las Fuerzas Armadas y las obras faraónicas con costos mucho mayores a 15 mil millones de pesos, así lo demuestran.
