Disminuyen cruces ilegales, pero aumentan impugnaciones a las medidas fronterizas de Biden

La demanda es la más reciente amenaza legal a la estrategia que el gobierno de Biden ha implementado en la frontera, la cual combina nuevas vías para el ingreso legal — como CBP One — con el cierre de otras rutas para el asilo para quienes ingresen al país sin permiso del gobierno.

Las autoridades aseguran que el plan funciona y hacen énfasis en un notable descenso en el número de cruces ilegales desde el 11 de mayo, cuando entró en vigor la medida que les permite a las autoridades negarle el asilo a los migrantes que llegan a la frontera sin haber presentado una solicitud mediante CBP One o sin haber pedido protección antes en alguno de los países por los que cruzaron. Durante el mes de junio, las autoridades hicieron 145 mil detenciones de migrantes, la cifra más baja desde febrero de 2021 y un descenso del 43% respecto al pico de diciembre.

Pero las demandas complican los esfuerzos del presidente Biden para introducir nuevas políticas.

“Hasta cierto punto, los litigios están dictando la política migratoria a lo largo de la frontera, también en el interior”, dijo Kathleen Bush-Joseph, analista del Instituto de Política de Migración, un centro de estudios.

A continuación un vistazo a otras impugnaciones legales y su situación actual:

Nuevos límites al asilo en Estados Unidos

El gobierno presentó una apelación a la decisión de un juez federal de bloquear la nueva regla de asilo. El juez de distrito Jon Tigar demoró la entrada en vigor de su fallo por dos semanas. La decisión de mantener la nueva regla en vigor durante lo que seguramente será prolongado proceso podría quedar en manos de un tribunal de apelaciones.

Algunos observadores consideran que no habrá una resolución final sino hasta 2025, probablemente a manos de la Corte Suprema.

Migrantes de Cuba, Haití, Nicaragua y Venezuela

Otro caso que es seguido muy de cerca impugna la política del gobierno de otorgar hasta 30 mil permisos humanitarios mensuales con vigencia de dos años a las personas procedentes de Cuba, Haití, Nicaragua y Venezuela, siempre que presenten una solicitud por internet, cuenten con un patrocinador financiero y lleguen al país vía aérea. Texas encabeza a un grupo de 21 estados que argumentan que el gobierno federal extralimitó su autoridad porque —afirman— “equivale a la creación de un nuevo programa de visado que les permite el ingreso a Estados Unidos a cientos de miles de extranjeros que de otra forma no tendrían argumentos para hacerlo”.

El inicio del juicio está programado para el 24 de agosto en Victoria, Texas, ante el juez federal Drew Tipton. Los expertos prevén que la decisión de ese caso se dará hacia finales del año.

México asegura que la medida fue fundamental para que accediera a recibir a migrantes de esas cuatro naciones que ingresaron ilegalmente a Estados Unidos y se les negó asilo.

Dejan en libertad a los solicitantes de asilo en territorio estadounidense

Un tribunal de apelaciones podría emitir pronto un veredicto sobre el uso de lo que se conoce como permisos condicionales humanitarios, con los cuales los solicitantes de asilo son liberados en territorio de Estados Unidos en lo que sus procesos avanzan por las cortes migratorias.

El juez federal T. Kent Wetherell II dijo en un fallo en marzo en el que prohibía la práctica que el gobierno “convirtió a la frontera suroeste en una línea en la arena que no tiene ningún sentido”.

La Patrulla Fronteriza otorgó permisos humanitarios a 572 mil 575 migrantes el año pasado, incluido un récord de 130 mil 563 durante diciembre. La práctica se redujo considerablemente incluso antes de que el gobierno perdiera una demanda entablada por el estado de Florida, pero quiere contar con la opción en caso de que se rebase la capacidad de las estaciones de la Patrulla Fronteriza.

Otras impugnaciones impulsadas por los republicanos

Texas demandó al gobierno federal en mayo para bloquear las políticas de Biden, en especial el uso de CBP One. “El intento del gobierno de Biden de manejar la frontera sur con una app no cumple siquiera con la más baja expectativa de competencia y va en contra de las leyes que aprobó el Congreso para regular la inmigración”, asegura la querella.

Indiana y otros 17 estados interpusieron una demanda contra el gobierno con fundamentos similares, señalando en su demanda federal presentada en Dakota del Norte que las nuevas normas “degradarán todavía más la seguridad fronteriza de nuestro país y facilitarán la inmigración ilegal hacia Estados Unidos”.

Ningún caso parece enfilarse a una resolución rápida.