Diputados discutirán reforma a Ley Minera de AMLO
Uno de los puntos clave de la reforma es eliminar el carácter preferente de la actividad minera sobre otras actividades
La reforma a Ley Minera del presidente Andrés Manuel López Obrador, que ha producido inquietudes en empresarios del sector minero, comenzará su camino a la aprobación la próxima semana en la Cámara de Diputados.
La Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales someterá el lunes 17 de abril a discusión el proyecto de opinión de la reforma, requisito para que las Comisiones Unidas de Energía y Comercio y Competitividad puedan comenzar a dictaminar.
Energía ya convocó a sesión de su Junta Directiva el lunes 17 de abril a las 11:00 horas y uno de los asuntos enlistados es la reforma, aunque no para discusión sino para comunicar el método que se utilizará para construir el proyecto de dictamen que someterán a votación del Pleno.
La propuesta del Ejecutivo enviada el 28 de marzo a la Cámara de Diputados propone modificar cuatro leyes: la Ley Minera, Ley de Aguas Nacionales, Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente y Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos.
Los puntos clave de la reforma son eliminar el carácter preferente de la actividad minera sobre otras actividades, eliminar el derecho de las personas titulares de las concesiones a obtener la expropiación de un terreno para explotación minera y sustituirlo por un acuerdo de contraprestaciones monetarias sujeto a consentimiento de los propietarios de los terrenos.
Disminuir de 50 a 15 años el término de la concesión minera con posibilidad de una prórroga; condicionar la concesión minera a la disponibilidad hídrica; establecer que el mecanismo de otorgamiento será a través de concurso público; y prohibir concesiones mineras en Áreas Naturales Protegidas.
Así también obligar a los empresarios a determinar los impactos sociales de cada concesión minera a través de un estudio; a elaborar un Programa de Cierre y Post-cierre y un programa de manejo de residuos; y realizar una consulta a pueblos indígenas y afromexicanos, obligación suscrita por el Estado Mexicano en tratados internacionales pero no asentada en la Ley.
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