Diputado del PRI ordena callar a María Elena Ríos, durante aprobación de ley contra violencia ácida en Puebla

Diputado del PRI ordena callar a María Elena Ríos, durante aprobación de ley contra violencia ácida en Puebla
El Universal / El tiempo Monclova

Mientras la saxofonista pedía que se aplicara la legislación aprobada, fue interrumpida por el presidente de la Mesa Directiva, quien argumentó que los invitados no pueden hablar durante la sesión

Este jueves, en Puebla fue aprobada la “Ley Malena” que tipifica como tentativa de feminicidio los ataques con ácido, químicos y corrosivos.

A la sesión fue invitada la activista y sobreviviente de tentativa de feminicidio a través de un ataque con ácido, María Elena Ríos, originaria de Santo Domingo Tonalá, en la Mixteca de Oaxaca, por quien la ley contra la violencia química lleva ese nombre.

Sin embargo, la activista y defensora oaxaqueña agredida el 9 de septiembre de 2019, en Huajuapan de León, fue revictimizada por un diputado por el PRI, quien impidió que hiciera uso de la palabra.

Mientras Malena pedía que se aplicara la legislación aprobada, fue interrumpida por el presidente de la Mesa Directiva, Néstor Camarillo Medina, quien argumentó que los invitados no pueden hablar durante la sesión.

Momentos después, ante medios de comunicación, Ríos Ortiz señaló al diputado del PRI por revictimizarla e invisibilizar su lucha. Aseguró que las motivaciones del priista fueron “protagonismo y vanidad política”.

Al recinto legislativo también asistieron Esmeralda Millán, Carmen Sánchez y Leslie Moreno, víctimas de ataques con ácido.

La reforma en Puebla  modifica el Código Penal local para considerar los ataques con sustancias corrosivas como tentativa de feminicidio, por lo que serán penados con 20 hasta 40 años de cárcel y una multa de casi 70 mil pesos. También modifica la Ley para el Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, para que estos atentados sean reconocidos como violencia ácida.

En Oaxaca, la ley que sanciona a los ataques considerados como violencia ácida y química, alcanza también una pena máxima de 40 años.

No obstante, en el caso de María Elena la legislación oaxaqueña no es aplicable, pues su proceso estaba abierto cuando la ley se aprobó, por lo que la María Elena es una lucha por las víctimas que no han denunciado.

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