A 17 años de la tragedia en San Juan de Sabinas piden que la Federación le dé celeridad a este trámite.
A más de 17 años del accidente que mató a 65 trabajadores en una mina de carbón en San Juan de Sabinas, las familias urgieron a la secretaria del Trabajo, Luisa María Alcalde Luján, a realizar la revisión del monto de las pensiones que, consideran, fueron asignadas de manera ilegal e injusta.
El 8 de marzo último, Alcalde Luján sostuvo un encuentro con los deudos, agrupados en la asociación La Familia de Pasta de Conchos, quienes le expusieron las condiciones irregulares en que se tramitaron las pensiones, bajo un cálculo inferior al que les correspondía, conforme a las condiciones en que perdieron la vida los trabajadores y las formas en que el Estado validó su fallecimiento.
Luisa María Alcalde prometió una respuesta que está prevista para este martes 30 de mayo, por lo que hoy emitieron un comunicado en el que explican sucintamente el desastre pensionario en que se convirtió el caso Pasta de Conchos.
La Familia de Pasta de Conchos ha mantenido numerosos recursos jurídicos en materia penal, civil, laboral y constitucional, así como diferentes acciones en el ámbito internacional de los derechos humanos y del trabajo, repitiendo una historia: mientras en el Sistema Interamericano de Derechos Humanos y en la Organización Internacional del Trabajo obtienen resoluciones favorables, en la justicia mexicana son objeto de carpetazos, desestimaciones y sobreseimientos. El peor de los episodios ocurrió cuando, al demandar audiencia, la Secretaría de Gobernación calderonista en 2008, a cargo de Juan Camilo Mouriño, dictaminó que las viudas “no tenía interés jurídico”, entre otros temas, por el rubro pensionario. Las familias, e inclusive exservidores públicos y el obispo Raúl Vera López, quien se ha solidarizado con los deudos desde el día del siniestro, han denunciado en diferentes oportunidades la presión que se ejerce en el sistema de justicia por parte de Grupo México, sus operadores y políticos que les dispensan protección.La madrugada del 19 de febrero de 2006 la Mina 8 Unidad Pasta de Conchos explotó. Pese a la serie de irregularidades en materia de seguridad laboral, identificadas desde dos años antes, y la colusión empresa–sindicato mineroInspección Federal del Trabajo, jamás fueron esclarecidas las causas del accidente que mató a 65 mineros.
Convertido en escenario político el perímetro de la mina propiedad de Industrial Minera México, subsidiaria de Grupo México, las autoridades informaron el 24 de febrero de 2006 –quinto día después del accidente– que no había condiciones de vida en los socavones y galerías.
