¡De fiesta! El SAT cumple 26 años; aquí su historia en más de dos décadas

Desde entonces ha tenido 12 titulares del órgano recuador de impuestos, de los cuales sólo tres han sido mujeres: Alma Rosa Moreno, Margarita Ríos Farjat y Raquel Buenrostro.

El primero fue Tomás Ruíz González, quien estuvo al frente desde inicios del SAT en julio de 1997 a febrero de 1988 y fue relevado por Eduardo González hasta julio de 1999.

Luego llegó Raúl Sánchez Kobashi del 22 de febrero de 2000 a 30 de noviembre del mismo año.

De diciembre del 2000 a junio de 2003 fue el ex subsecretario de Ingresos, Rubén Aguirre Pangburn.

Posteriormente, ocuparon el cargo José María Zubiría Maqueo de julio de 2003 al mismo mes de 2008; Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, actual Ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), del 9 de julio de 2008 a 30 de noviembre de 2012.

Aristóteles Núñez Sánchez fue jefe del SAT el sexenio pasado del 6 de diciembre de 2012 al 7 de septiembre de 2016, al igual que Osvaldo Santín Quiroz en la última parte de la administración anterior del 14 de septiembre de 2016 a 30 de noviembre de 2018.

En lo que va del presente gobierno el SAT ha tenido tres jefes, de los cuales dos fueron mujeres: Ríos Farjat, actual Ministra de la SCJN, y Raquel Buenrostro Sánchez, quien hoy es secretaria de Economía. Actualmente, el titular del SAT es Antonio Martínez Dagnino.

Cuáles son las funciones del SAT

A lo largo de estos 26 años, el SAT ha adquirido varias funciones diferentes a las recaudatorias.

Dejó de tener bajo su responsabilidad la función aduanera, pero conserva sus facultades recadatorias de los principales ingresos tributarios por medio de los impuestos federales.

Tiene como responsabilidad coadyuvar al combate al lavado de dinero y financiamiento al terrorismo bajo la nueva Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita para la supervisión del cumplimineto de responsabilidades de las actividades vulnerables al lavado de dinero.

Su brazo fiscalizador se ha extendido para evitar la defraudación fiscal por medio de esquemas laborales como el outsoucing y la emisión de facturas falsas para amparar operaciones simuladas.