Crece presión política en Perú con marchas extendidas a Lima
En una crisis intensa, sin luces de resolverse, en el Cusco, meca del turismo, las autoridades tuvieron que cerrar el aeropuerto por seguridad ante una escalada de protestas violentas.
Los llamados al cierre del Congreso y la salida de la presidenta Dina Boluarte se extienden este viernes en Perú, donde las protestas abarcaron Lima y los bloqueos persisten en el sur andino, afectando la turística ciudad de Cusco y el tren a Machu Picchu.
"Cierre del Congreso Ya. Nueva Constitución", "Dina, asesina, renuncia enemiga", son consignas en las pancartas que se alzan en marchas y bloqueos de varias regiones del sur del país, históricamente marginado, y que el jueves se hicieron sentir en el centro de Lima, donde se registraron algunos incidentes con las fuerzas del orden.
En una crisis intensa, sin luces de resolverse por ahora, en el Cusco, meca del turismo, las autoridades tuvieron que cerrar el aeropuerto por seguridad ante una escalada de protestas violentas desde inicios de esta semana, que provocó además la suspensión de las operaciones del tren a Machu Picchu, atracción turística internacional.
Un mes de protestas, más de 40 muertos
Este viernes Perú vive su décimo día consecutivo de manifestaciones, con nuevas marchas en Tacna, a mil 224 km al sureste de Lima, fronteriza con Chile, país vecino que tuvo que cerrar temporalmente su paso el jueves "debido a las manifestaciones en las cercanías del complejo fronterizo peruano de Santa Rosa", informaron las autoridades chilenas que ya normalizaron el tránsito.
Las violentas protestas iniciadas hace un mes dejan hasta el momento 42 muertos, incluido un policía que fue quemado vivo por una turba, según la institución.
El saldo trágico provocó un llamado de Estados Unidos a la "moderación" a todas las partes, mientras una misión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) está en Perú evaluando la crisis.
El izquierdista Pedro Castillo fue destituido por el Congreso y apresado el 7 de diciembre tras un fallido autogolpe, al intentar cerrar el parlamento, intervenir la justicia y gobernar por decreto. Lo reemplazó Dina Boluarte, de 60 años, su vicepresidenta.
Castillo, que era investigado por corrupción, cumple 18 meses de prisión preventiva dictados por un juez bajo cargos de rebelión.
Después de una tregua a finales de diciembre, las protestas se reanudaron la semana pasada, con un giro en los reclamos en las calles que en diciembre pedían la liberación de Castillo y la instalación de una Asamblea Constituyente.
Sin embargo, ahora hay un contundente llamado al cierre del Congreso, institución a la que se culpa de haber hecho oídos sordos al pedido popular de elecciones anticipadas, que resolvieron fijar para abril 2024 y descartaron la fecha de diciembre 2023 que apoyaba también Boluarte.
Hasta ahora las regiones del norte de Perú, donde están asentadas gran parte de las industrias que son pilares de la economía peruana, minería y agroexportación, se mantienen sin manifestaciones.
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