Corte Constitucional de Ecuador admite juicio político contra Lasso por casos de corrupción

En relación al delito de peculado o malversación de fondos, la Corte límite que se enmarca dentro de los presupuestos de admisibilidad.

No hubo reacción o pronunciamiento inmediato del gobierno o del presidente Lasso tras darse cuenta de la decisión del cuerpo constitucional.

La iniciativa llegó a la corte luego de pasar por varios procedimientos e instancias en la Asamblea, entre ellos, por una comisión que revisó una investigación policial de supuestos nexos entre el cuñado del mandatario, Danilo Carrera, con funcionarios públicos probablemente relacionados a redes de corrupción y de narcotráfico.

El caso por el que Lasso será llevado a juicio político mediante publicaciones conocidas del portal digital La Posta, que reveló una investigación de la policía entre junio de 2022 y enero de 2023, que fue archivada por instrucción judicial y de la Fiscalía ante la falta de elementos contundentes.

Lasso intenta desechar pedido del Legislativo

No obstante, la oposición política tomó las revelaciones para sustentar el pedido de juicio, que llegó el fin de semana a manos de la Corte Constitucional para que se pronuncie sobre si se apega al marco jurídico ecuatoriano o no.

El presidente ecuatoriano envió a su vez al ente un documento de 91 páginas de descargo para que ese tribunal deseche el pedido del Legislativo. Adujo que no se justificó ni probaba ninguna acusación y que la petición fue presentada fuera de plazo, así como que el expediente tampoco estaba completo, lo que no tuvo acogida.

Con esta decisión de los magistrados constitucionales, el proceso de juicio político contra Lasso vuelve al Legislativo. En un plazo máximo de hasta 45 días, debe someter al mandatario al proceso de enjuiciamiento, que conlleva varios pasos previos.

Para destituir al mandatario, se requiere una mayoría de votos de 92 respecto de los 137 asambleístas. Según las bancadas de oposición, hay cierta posibilidad por el número de legisladores que están en contra del mandatario.

Aunque en el primer intento de destitución presidencial, la iniciativa no cosechó los votos suficientes. Fue en junio del año pasado, cuando Lasso llevaba en el cargo un año. No se llegó a completar los 92 votos necesarios para aprobar el juicio político a Lasso tras el paro indígena que derivó en violentas protestas durante casi tres semanas en el que se exigió una reducción del precio de los combustibles.

El presidente Lasso, cuyo mandato terminaría en 2025, tiene a disposición una fórmula para evitar su enjuiciamiento político. Podría activar una figura constitucional de disolución del Legislativo, llamada muerte cruzada, sin mayor trámite. Eso le permitiría gobernar por decreto durante unos seis meses, antes de tener que convocar elecciones.

En ese lapso podría postular a la reelección del cargo, una opción que hasta ahora no ha planteado oficialmente y que tiene como antecedente la reciente derrota en las urnas en febrero de una consulta popular enfocada en la seguridad.