La diputada está de acuerdo con que debe licitarse el rastro de Saltillo, pero no para permitir un alto incremento de sus tarifas.
Saltillo, Coah. – La concesión del rastro de Saltillo, que está por licitarse, fue aprobada por el Congreso a pesar de contemplar incrementos en diversos rubros como el de matanza hasta en un 200 %, muy por arriba de los costos de rastros de otros municipios, denunció la diputada Luz Natalia Virgil Orona.“Todo viene de cuando se estudió la ley de ingresos municipales para este año a finales del 2022, se nos informó por parte de personal del Ayuntamiento de Saltillo que solicitaban el incremento de hasta el 200 por ciento de algunas de las tarifas, porque ya había un interesado en la concesión, sin embargo, no dieron a conocer de quién se trataba”.
“Inclusive trascendió que el interesado les decía que sí lo tomaba en concesión siempre y cuando las tarifas se fueran a ese nivel porque después no sería negocio”.
“Para mí fue primero el huevo y luego la gallina -destacó-, pues después en sesión del congreso se autorizó que se concesionara el servicio del rastro”.
Aunque a la fecha, la diputada desconoce en qué va el trámite del Municipio y expresó que “efectivamente me parece que el proceso se desvirtuó porque las tarifas están muy elevadas con respecto a otros municipios que tienen sus propios rastros y cuentan con la certificación TIF”.“Y me parece que es interesante que lo revise la Auditoría Superior del Estado como ente técnico del Congreso y la contraloría interna”.
Coincidió con que el municipio debe licitar el rastro, “pero no porque haya un interesado debe haber la certeza de que va a ser él el concesionario designado, si hay una mejor propuesta creo que debería otorgarle”.
Por su parte, el tesorero municipal, Juan Carlos Villarreal, declaró que en tres semanas más se realizaría el concurso de licitación nacional por parte de la Dirección de Ingresos del Ayuntamiento.
Aunque hoy lo opera el municipio, aseguró que la idea es que sea concesionado a un particular “pues al Municipio le conviene que sea operado por un particular por muchos temas de economías financieras”.
Inclusive destacó que la licitación tiene muchos candados y requisitos “porque no cualquiera puede hacerse cargo de un rastro, pero se buscará que la persona que lo tome tenga la certificación TIF”.
Juan Carlos Villarreal reconoció que la licitación fue autorizada por el Congreso y el Cabildo y la concesión sería hasta por 20 años, del 2023 hasta el 2043, sería con los mismos lineamientos, es decir, sacrificio de res, pollo y cerdo.
