Desde el inicio de su gestión se registraron protestas contra toda la clase política que se prolongaron durante casi tres meses y dejaron decenas de muertos.
El Gobierno de Dina Boluarte cumple este jueves su primer año de gestión en Perú inmerso en una crisis permanente que ha golpeado casi todos los frentes, del económico al político y social, y ha llevado a que sea desaprobado por más del 80% de la ciudadanía.
Débil desde el principio, dada su casi nula base política y social, Boluarte cumplió el 7 de diciembre de 2022 con el mandato constitucional de reemplazar al izquierdista Pedro Castillo, del que era vicepresidenta, después de que éste fuera destituido por el Congreso por intentar dar un autogolpe de Estado.
De esa manera, la abogada nacida en la región surandina de Apurímac se convirtió, a los 60 años, en la primera presidenta en la historia de Perú, un reto que, sin embargo, fue complejo desde el primer minuto, ya que comenzaron movilizaciones de protesta contra toda la clase política que se prolongaron durante casi tres meses y dejaron decenas de muertos.
Las siguientes son las claves de este primer año de gestión:
1.- Las víctimas
Tras la destitución de Castillo, las protestas convocaron a miles de personas, sobre todo en el sur del país y en Lima, y se saldaron con 77 fallecidos, de los cuales 49 murieron por enfrentamientos con las fuerzas del orden, según diversas fuentes oficiales.
Por ese motivo, la Fiscalía abrió una investigación contra Boluarte y varios de sus ministros por los delitos de genocidio, homicidio calificado y lesiones graves.
Además, en mayo pasado, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) emitió un informe en el que mencionó que se presentaron "ejecuciones extrajudiciales", algo que fue rechazado por la gobernante.
El tema volvió al primer plano el pasado 27 de noviembre, cuando la fiscal general, Patricia Benavides, presentó una denuncia en el Congreso contra Boluarte y el primer ministro, Alberto Otárola, por la presunta comisión del delito de homicidio calificado durante las manifestaciones.
La mandataria respondió que se trataba de una "deleznable maniobra política" de Benavides para intentar "distraer la atención" de la ciudadanía ante una investigación abierta en su contra por un presunto tráfico de influencias en el Ministerio Público.
2.- La debilidad
Sin apoyo político, al no contar con una bancada en el Congreso ni bases de respaldo ciudadano, el Gobierno de Boluarte intentó desde el principio mantener un difícil equilibrio de poder mediante un acercamiento con el fujimorismo y agrupaciones de derecha que celebraron eufóricamente la destitución de Castillo.
Ese pacto, más explícito que formal, permitió que se aceptaran peticiones como la entrega de facultades al Ejecutivo para legislar en temas tan diversos como economía, seguridad ciudadana y medidas de prevención ante el impacto del fenómeno de El Niño.
El momento más notorio se dio cuando el Congreso aprobó, en junio pasado, que la mandataria pueda salir del país y despachar de manera remota o virtual, una medida que algunos analistas y políticos consideran inconstitucional, ya que un presidente está prohibido de abandonar el territorio nacional cuando no tiene vicepresidentes.
Esa frágil alianza entre un gobierno considerado, en principio, de izquierda, y un Congreso dominado por la derecha, mostró en las últimas semanas sus primeras fisuras, cuando las bancadas se unieron para censurar a Vicente Romero como ministro del Interior, en la que fue la primera caída forzada de un miembro del Ejecutivo.
3.- Recesión y crisis económica
Después de negarlo repetidas veces, a pesar de las opiniones de expertos y analistas, el ministro de Economía, Alex Contreras, admitió el pasado 20 de octubre que su país está en recesión y que requería de un crédito suplementario de cientos de millones de dólares para salir de ese "contexto difícil".
Contreras debió recular tras la difusión de las cifras del PIB hasta agosto pasado, que mostraron una caída de 0,58 %, y aunque declaró que no había subestimado la situación, consideró que el tema era "básicamente una discusión muy academicista".
En ese contexto, el Ministerio de Economía proyecta que Perú alcanzará un crecimiento del PIB en torno al 1,1 % hacia finales de este año, aunque el Banco Central de Reserva ha reducido sus expectativas hacia el 0,9 % y otros centros especializados de analistas estiman que será cercano al cero o negativo.
4.- El aumento de la inseguridad ciudadana
Más allá de los grandes temas políticos y económicos, el Gobierno de Boluarte también afronta un desborde de la inseguridad ciudadana, convertida en una de las mayores preocupaciones de la ciudadanía.
Para intentar responder a este problema, que es uno de los principales motivos de la desaprobación gubernamental, el Ejecutivo declaró en emergencia a distritos de Lima y de la región de Piura.
Esa medida, sin embargo, ha sido poco efectiva, ya que a diario se siguen reportando robos, asaltos, extorsiones y homicidios, entre otros delitos, aunque el Gobierno asegura que su plan de seguridad no ha fracasado.
El Ejecutivo también ordenó medidas para que se regularicen, bajo pena de expulsión, los extranjeros que están en el país, a los que responsabiliza directamente del incremento de la inseguridad, pero esta medida tampoco ha mostrado ser efectiva hasta el momento.
