El Congreso aprobó la ampliación de la vigencia del contrato por el cual el ayuntamiento de Saltillo se beneficia mayoritariamente de las ventas de agua reciclada de la planta tratadora.
Saltillo, Coah. - El Congreso aprobó la ampliación del convenio por 10 años más a la planta tratadora de agua de Saltillo para el manejo, aprovechamiento y suministro mediante la venta industrial de las aguas residuales.
De acuerdo con el considerando Sexto, se dio a conocer que, en sesión del Cabildo de Saltillo, el 10 de abril pasado, se aprobó el dictamen cuyo número de acuerdo es el 42/08/23 y que es relativo a la “solicitud para la celebración de un Addendum al Convenio de Coordinación para la Ejecución de Acciones para el Aprovechamiento del Agua de la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales del Municipio”.
Mismo que será bajo los términos siguientes: a) ampliar por 10 años más la vigencia del convenio para concluirlo el 15 de octubre del 2043; b) modificar lo relacionado con la calidad del agua suministrada para establecer que se entregará en la calidad que actualmente se produce y, b) en cuanto al volumen incrementar de 400 litros por segundo a 450 litros por segundo, con la calidad actual.
Sin embargo, la propuesta contempla cierta referencia a “los ingresos que percibirán las partes” y que quedaría de la siguiente manera: por venta de 1 a 200 litros/segundo se entregará el 50 por ciento al Municipio y el 50 por ciento a la CEAS; de 201 a 300 litros/segundo el 60 para el Municipio y el 40 por ciento a la CEAS; y de 301 a 450 litros/segundo el 65 por ciento al Municipio y el 35 por ciento a la CEAS.
Por lo que se refiere a las cláusulas, la Segunda indica que “Si hubiera la infraestructura para producir agua tratada de calidad terciaria, el Municipio informará a la Comisión (CEAS) para que esta negocie con los concesionarios o clientes para fijar tarifa de acuerdo con la calidad entregada.
No obstante, el voto en contra de la oposición, pues el PAN pedía establecer un contrato nuevo y Morena no dar paso a la simulación y posible corrupción, el dictamen de la Comisión de Finanzas del Legislativo fue aprobado por mayoría.
Más tarde, llegó al Congreso un grupo de ejidatarios de San Antonio de los Bravos, Torreón, para quejarse por ser víctimas de despojo de terrenos desde hace más de 10 años por parte el Gobierno Municipal en contubernio con desarrolladores inmobiliarios y autoridades agrarias.
En voz de su representante, Elia Estrada Macías, se trata de la conducta ilegal de omisión, han promovido amparos y juicios promoviendo la nulidad de aportación de tierras ejidales para el desarrollo habitacional de alta plusvalía, sin embargo, los gobiernos estatal y municipal han violado los derechos agrarios de los campesinos reiteradamente, culpando principalmente al alcalde Carlos Alberto Román Cepeda.
La propuesta fue elevada a Tribuna legislativa por el diputado de Morena, Francisco Javier Cortez Gómez, y exhortar a las instancias aludidas a que acaten las disposiciones derivadas de los juicios promovido por despojo.
No obstante, fue rechazada por mayoría y remitida a comisiones para su estudio.
