AMLO rechaza espionaje y dice; 'filtraciones no son oficiales'
El Gobierno federal aseguró que los documentos filtrados tras hackeo a la Sedena carecen de legalidad y pudieron ser alterados. Pide investigar a Guacamaya Leaks.
Seis meses después de que se revelara el hackeo a la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), el Gobierno federal aseguró que documentos filtrados -y publicados- carecen de legalidad y pudieron ser alterados.
Como los formatos quedaron "expuestos", argumentó el Gobierno en un posicionamiento, cualquier persona pudo alterar los documentos o fabricarlos con la finalidad de afectar la imagen de la dependencia. En el posicionamiento titulado "Acciones de inteligencia, orientadas a atender amenazas y riesgos a la seguridad nacional", indicó que "algunos" documentos hackeados a la Sedena -relacionados con presunto espionaje- no se consideran oficiales.
Documentos. Argumentó que hay documentos hackeados que no están firmados ni avalados por alguna autoridad y que, por esa razón, informes militares quedaron expuestos y "cualquier persona" ajena a la dependencia pudo alterar informes para afectar a la institución castrense. "Es importante mencionar que no se consideran oficiales algunos documentos que diversos medios de comunicación han dado a conocer, relacionándolos con el ciberataque sufrido a los servidores de la Sedena, específicamente al correo institucional, mismo que contiene información de carácter público y no es de clasificación confidencial", señala.
Ciberataque. "Dichos documentos no están signados, firmados, ni avalados por alguna autoridad competente. Lo anterior hace evidente que, con motivo de dicho ciberataque, ciertos formatos de informes militares quedaron expuestos a la luz pública, por lo que cualquier persona ajena al instituto armado podría elaborar documentos que involucren a las Fuerzas Armadas con objeto de afectar su imagen institucional". Dichas publicaciones, agregó el Gobierno luego de que el Presidente Andrés Manuel López Obrador instruyó fijar un posicionamiento, carecen de validez legal. Como ha insistido el Presidente López Obrador, el Gobierno de la 4T aseguró que no hace espionaje y que las instituciones correspondientes intervienen comunicaciones privadas previa autorización de un juez.
La Sedena. Aseguró que las instancias de seguridad nacional, entre ellas la Sedena, trabajan en la recolección, procesamiento, diseminación y explotación de la información para generar inteligencia, pero dichos procedimientos, sostuvo, "de ninguna manera" están dirigidos a conocer el entorno privado de actores políticos, sociales o mediáticos. "Únicamente se realizan con el fin de coadyuvar a la procuración de justicia; sin embargo, han existido casos en que, de la información recabada por este tipo de actividades, algunas personas se han visto relacionadas con organizaciones delictivas". El esfuerzo de inteligencia se dirige a combatir la delincuencia; solo han sido detenidas personas que están relacionadas con estos delitos. Las instancias de seguridad nacional están impedidas para realizar este tipo de actividades sin la orden de un juez". En la presente Administración, presumió el Gobierno, la autoridad judicial ha detenido a mil 393 personas; de ellas, 27 son consideradas relevantes por tratarse de presuntos líderes de las organizaciones criminales y generadores de violencia en el País, como Ovidio Guzmán, hijo del "Chapo". Luego de que se ventiló que la Sedena habría espiado al activista de derechos humanos de Tamaulipas,recalcó que ningún actor político o activista que no esté relacionado por criminales, ha sido detenido por las fuerzas federales.
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