Acusó al ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación de violar la Constitución.
Una vez que reciba la notificación formal, el gobierno federal anunció que impugnará la decisión del ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Javier Laynez, que dio entrada a la controversia constitucional promovida por el Instituto Nacional Electoral y suspendió su vigencia del denominado Plan B en materia electoral.
En consideración del gobierno federal, el marco legal establece que el ámbito electoral no es susceptible de controversias constitucionales, por lo que la SCJN se excedió con esta decisión, señaló la Consejería Jurídica, que consideró que “no es función del árbitro electoral cuestionar las normas jurídicas que el Poder Legislativo tuvo a bien expedir”. De igual forma, expresa su extrañeza de los tiempos en que se resolvió: “no es común que el viernes en la noche y sin notificar formalmente a las autoridades, la Corte anuncie públicamente una determinación tan relevante; como tampoco que se admita a trámite una controversia constitucional en materia electoral, porque la Constitución no lo permite”.
Constitución. “El ejecutivo federal no permitirá que se violente la Constitución ni el orden jurídico mexicano y solicitará al pleno de la SCJN revocar el acuerdo que admite a trámite dicha controversia, así como la medida suspensiva, al resultar contraria a los principios fundamentales del Estado de derecho que nos rige, pues resulta preocupante que el ministro instructor desconozca las reglas del procedimiento que regula controversias constitucionales lo que desnaturaliza este medio de control constitucional que busca alcanzar el equilibrio sano entre los Poderes de la Unión”. Y agrega que tampoco ha sucedido, que un solo ministro de la Corte “dejara sin efectos la totalidad de una ley electoral aprobada legítimamente por el Poder Legislativo y ordenara revivir las disposiciones derogadas, lo cual solo puede determinarse, en su caso, mediante una sentencia definitiva aprobada por ocho ministros”.
Ministro. La postura del gobierno federal cuestiona en duros términos el desempeño del ministro Laynez el cual, asegura, actuó en contra “de lo que prevé expresamente la norma fundamental”, al admitir la controversia constitucional promovida por el INE y conceder la suspsensión total.
