Los demócratas del Congreso expresaron “profunda alarma” por las lesiones, incluida al menos una mujer embarazada que se enredó en el alambrado.
El Departamento de Justicia advirtió al gobernador Greg Abbott que es ilegal el uso de alambre de púas y barreras flotantes por parte de Texas para disuadir la migración ilegal a través del Río Grande (río Bravo).
Y los demócratas en el Congreso presionaron al presidente Joe Biden el viernes para que detuviera los esfuerzos del estado, luego de informes de ahogamientos y cortes en rodajas de jóvenes inmigrantes.
Las autoridades federales le dijeron a Abbott que pueden solicitar una orden judicial “que requiera la eliminación de obstrucciones u otras estructuras en el Río Grande”, reportó el The Dallas Morning News.
Los demócratas del Congreso expresaron “profunda alarma” por las lesiones, incluida al menos una mujer embarazada que se enredó en las 60 millas de alambre de púas instaladas por las fuerzas de Texas en los últimos meses.
“Lo instamos a que haga valer su autoridad sobre la política federal de inmigración y las relaciones exteriores e investigue y emprenda acciones legales, según corresponda, relacionadas con detener las acciones peligrosas y crueles del gobernador [Greg] Abbott”, dice la carta a Biden, encabezada por el representante Joaquín Castro de San Antonio y firmada por casi otros 90 demócratas en la Cámara, incluidos los de Texas.
“A medida que el gobernador Abbott continúa intensificando sus esfuerzos en la frontera, le instamos a que… detenga este horrible abuso de poder”, escribieron.
Abbott lanzó la Operación Estrella Solitaria hace dos años, enviando a la Guardia Nacional y a la policía estatal a la frontera cuando Biden asumió el cargo, detuvo la construcción del muro fronterizo promovido por el predecesor Donald Trump y comenzó a desmantelar muchas de las duras políticas de inmigración de Trump.
Solicitantes de asilo, en grave riesgo ante políticas en Texas, advierten demócratas
Los demócratas afirmaron en su carta que las acciones del estado están “poniendo a los solicitantes de asilo en grave riesgo de lesiones y muerte, interfiriendo con la aplicación federal de inmigración, infringiendo los derechos de propiedad privada y violando los compromisos de los tratados de Estados Unidos con México”.
