Un grupo de expertos manifestó su preocupación por los altos registros de detenciones preventivas prolongadas en México y alertó que esa situación alcanzó y afectó más a los migrantes.
Durante su reciente visita a México un grupo de expertos de la ONU efectuaron algunas observaciones en las cuales manifestó su preocupación por los altos registros de personas que poseen prisiones preventivas prolongadas en México y comunicó que tal situación alcanzó a los migrantes y ocasionó que durante el primer semestre de este año se detuvieran a más de 240 mil extranjeros en condición de migrantes según lo planteó el Grupo de Trabajo de la ONU sobre Detención Arbitraria que duró aproximadamente 11 días en los cuales México realizó una invitación para evaluar las políticas y situación de los detenidos en los centros de reclusión, penitenciarias y cárceles del país.
Desde 2002 que una evaluación como esta que no se realizaba cuando hicieron la primera visita a México. “Es verdaderamente preocupante que la detención preventiva sea excesivamente prolongada, es común entre todas las personas detenidas”, afirmó el grupo en un informe que ofrecieron el viernes al final de su visita.
Estándares. Reafirmaron los cuestionamientos de Naciones Unidas a la prisión preventiva oficiosa que se aplica en el país de México, que también fue objetada por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) cuando instó a las autoridades mexicanas a ajustar sus leyes en esa materia para cumplir con los estándares internacionales y no excederse en estos procesos. En México existen actualmente dos formas de prisión preventiva: la que se declara de oficio que corresponde a algunos delitos de forma obligatoria o y la justificada, que se otorga cuando el fiscal la solicita al juez por considerar que un detenido es peligroso o podría evadirse de la justicia. Durante las observaciones el grupo, que estaba compuesto por tres especialistas, indicó que en 2022 eran 90 mil personas en calidad de detenidos preventivamente y solo la mitad estaba bajo detención preventiva oficiosa.
Detenciones. Los observadores comentaron que encontraron algunos detenidos sometidos a prisión preventiva oficiosa “a más de 5 años desde su detención”. Andrés Manuel López Obrador hablo de ampliar a 16 la lista de delitos que permiten la prisión preventiva de oficio, que incluyó los casos de abuso de autoridad, corrupción y delitos electorales. La Suprema Corte de Justicia de México declaró el año pasado que era inconstitucional la prisión preventiva oficiosa para los delitos de contrabando y defraudación fiscal, decisión que fue duramente criticada por López Obrador. Señaló a los ministros de proteger a la “delincuencia de cuello blanco”. Según la ONU los detenidos sufren violencia excesiva y tortura. La ecuatoriana Miriam Estrada-Castillo, integrante del grupo de expertos, afirmó que después de la visita a 15 centros de detención de la capital mexicana detectaron “un número considerable de detenidos (que) sufre violencia excesiva y torturas en el acto de su detención con el propósito de obtener confesiones y arrestos “Mencionaron que se llega a la “tortura” para obtener información o confesiones de presuntos sospechosos y conseguir pruebas.
Resultados. Por último, el grupo dijo en su informe que la movilización de militares para labores de seguridad y control migratorio “ha estado estrechamente relacionada con el aumento de la violencia contra las personas detenidas, las desapariciones y los homicidios”. Señalaron que las personas apresadas por personal militar con frecuencia eran sometidas a “graves actos de violencia y tortura, incluyendo golpizas con objetos extraños y armas blancas”.
Los expertos también mostraron interés por los numerosos migrantes y solicitantes de asilo que se encuentran detenidos en México y precisaron para el primer semestre de este año que las autoridades estimaron en “más de 240 mil” los extranjeros detenidos, pero no aclararon su condición actual.
